Desde la Comisión Provincial por la Memoria advierten que el mal funcionamiento de esa red en la unidad es un problema constitutivo y expresaron su preocupación por la desobediencia constante de las órdenes judiciales que ya es norma en el sistema de encierro de la Provincia.
Es julio y las ventanas de la Unidad Penal Nº 35 de Magdalena no tienen vidrio. Ni en los sectores de aislamiento ni en los pabellones y los presos tapan las ventanas con trapos o frazadas.
En penumbras, es necesario prender la luz, algo que pueden hacer aquellos que tienen lamparitas que les llevan sus familias en día de visita. Dos cables salen del agujero donde debería estar colocado el aplique de la iluminación y se conectan con los cables del portalámparas casero.
Celda a celda un equipo del programa de inspecciones de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se entrevista con cada detenido, constata las condiciones del lugar, hablan con quienes las padecen de las necesidades y estrategias de sobrevivencia en ese lugar.
Después del monitoreo toda la semana elaborarán informes, habeas corpus y presentaciones judiciales para que los poderes del estado que deben responder por las personas bajo su custodia hagan su trabajo. Esta semana, en paralelo, el juez a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata, Juan Carlos Bruni, ordenó la clausura de ese penal por incumplir con una orden previa de normalizar el sistema contra incendios.
“El problema de esa unidad con la red de incendios es fundacional– afirma Roberto Cipriano, secretario de la CPM- se han hecho presentaciones desde el 2005, tras el incendio en la Unidad 28, y se sigue discutiendo sin una solución”.
En ese momento Cipriano recuerda que incluso había problemas con el funcionamiento de las bombas de agua, tal como se constató en el juicio por la Masacre de Magdalena en la unidad vecina. A 13 años de esas 33 muertes y con un extenso juicio de por medio la Provincia sigue sin garantizar sistemas de contingencia en estas instituciones.
“Lo que agrava el problema es la sobrepoblación, encontramos 3 camas en celdas para una persona en las que se había agregado un camastro de madera, o sea, todo material inflamable. Esto sumado al deterioro de la unidad y la precariedad e informalidad de las instalaciones eléctricas”, suma Cipriano. En la unidad, con un cupo para alojar unas 800 personas hay casi 1300 detenidos.
Desde el organismo ya vienen observando que ante medidas judiciales como esta lo que rige es el incumplimiento por parte del ejecutivo. “Es probable que apelen y la clausura nunca se haga. La estrategia que se da el Ministerio de Justicia es esta: en principio una desobediencia permanente de las órdenes judiciales y luego la apelación como vía dilatoria. Usan incluso los mismos modelos de escritos de apelación de la gestión anterior”, denuncia el referente de la CPM.
Matafuegos vencidos, bocas contra incendios sin mangueras, sectores sin acceso al agua, y celdas con doble reja que hacen que cualquier intención de evacuación sin víctimas esté destinada al fracaso son parte del panorama que el equipo de monitorea de lugares de encierro pudo describir tras la inspección.
Un escenario que se completa con la falta de acceso a la salud, la carencia de cualquier provisión de elementos de limpieza, cloacas tapadas y el encierro permanente de las personas, incluso sin siquiera acceso a las duchas por días.
“El incumplimiento no tiene consecuencias. Cada vez que no se cumple una orden y algún juez lo denuncia eso va a las fiscalía y automáticamente lo archivan”, explica Cipriano y denuncia, una vez más cómo opera un sistema donde la violación de derechos y los tratos inhumanos son la regla.
