El Gobierno español ha pedido este miércoles explicaciones a Bélgica por una carta que el presidente del Parlamento flamenco, Jan Peumans, remitió a principios de septiembre a la ex presidenta del Parlament catalán Carme Forcadell, ahora en prisión provisional.
España juzga ofensivo el contenido de esa carta, según la cual, el Gobierno central de España “no cumple las condiciones” para formar parte de una Unión Europea (UE) moderna y democrática, y lamenta que haya políticos catalanes en prisión.
Por su parte, el embajador de Bélgica en Madrid (capital española), Marc Calcoen, ha trasladado a las autoridades españolas que “la política exterior de Bélgica la decide el Gobierno federal y no el señor Peumans”, miembro de Nueva Alianza Flamenca (NVA) y apoyo del ex presidente catalán Carles Puigdemont desde su huida.
Asimismo, el Ejecutivo del presidente español, Pedro Sánchez, a través del encargado de negocios de España en Bélgica, Jorge Notivol, hizo llegar una misiva de protesta a Peumans en “tono muy enérgico”, dejando patente el malestar de las autoridades españolas.
“Que un responsable político de una región de un país de la UE se manifieste desde su puesto institucional insultando a un país amigo y aliado como es España al afirmar que no cumple los requisitos para formar parte de la UE y —sobre todo— faltando a la verdad, es ya no un gesto inamistoso, sino francamente hostil”, ha reprobado Notivol.
Lejos de retractarse, el presidente de la Cámara flamenca se ha ratificado este miércoles en sus críticas hacia España por el encarcelamiento de los líderes catalanes.
De otro lado, el portavoz del Partido Popular (PP) en el Parlamento Europeo (PE), Esteban González Pons, ha tachado de “inaceptables” las afirmaciones recogidas en la carta de Peumans, y ha aseverado que este tipo de consideraciones demuestran que “al Gobierno de Sánchez le han perdido el respeto en Bélgica”.
El 27 de octubre de 2017, los independentistas catalanes proclamaron la República Catalana. Seguidamente, el Gobierno español, presidido entonces por el conservador Mariano Rajoy, aplicando el artículo 155 de la Constitución española, destituyó el ejecutivo regional, suspendió la autonomía de Cataluña y convocó elecciones anticipadas en la región.
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