En una entrevista sostenida este domingo con el diario local Ara, el también presidente del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) ha recalcado que cuando se mire con perspectiva se verá que fue un error actuar por la vía penal en lugar de por la política.
Así, el político catalán reacciona a la solicitud del viernes de la Fiscalía española de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta para Junqueras por el delito de “rebelión” y “malversación de caudales públicos” en el proceso de la independencia de Cataluña.
Junqueras ha asegurado que cada sentencia que “no sea absolución será una sentencia injusta” y ha calificado la petición de la Fiscalía de una “desproporción absoluta”, por tanto, considera necesario “una alternativa a esta realidad que nos imponen”.
A continuación, el también candidato de ERC a las elecciones europeas ha denunciado que afrontar un juicio que durará meses desde la prisión es en sí mismo una vulneración del derecho de defensa y es injusto.
Preguntado por lo que pasará cuando se publique la sentencia del juicio por el proceso independentista, Junqueras ha subrayado que “puede que los ciudadanos reclamen una manera de expresarse, y entonces unas elecciones pueden ser útiles”.
En este sentido, Junqueras ha señalado que el 80 % de los catalanes aceptan que la solución es un referéndum independentista pactado y agrega que, para llegar a este objetivo hay que trabajar “en Cataluña para convencer a más gente”.
Tras la victoria del sí en el plebiscito el octubre de 2017—con la abstención casi general de los catalanes contrarios a la secesión— y la posterior declaración de independencia de Cataluña ese mismo mes, el Gobierno español, presidido entonces por Mariano Rajoy, cesó al gobierno autonómico en pleno, aplicando el artículo 155 de la Constitución española.
El pasado 2 de octubre, el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, dio un ultimátum de un mes al Ejecutivo español para que formule una propuesta para aplicar “el derecho de autodeterminación” de Cataluña, si bien esta advertencia fue rechazada por el actual presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.
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