La familia del subcomisario Jorge Omar Gutiérrez, asesinado cuando investigaba las mafias del narcotráfico de la llamada “Aduana paralela”, recibió hoy el reconocimiento de responsabilidad internacional y pedido de disculpas del Estado Argentino por la falta de Justicia en el crimen ocurrido hace más de veinte años. “Los que dispararon y los que mandaron a disparar tienen que pagar por la muerte de Jorge”, dijo Nilda Maldonado, la viuda del policía fusilado con un balazo en la nuca el 29 de agosto de 1994.
En cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 25 de noviembre de 2013, esta mañana cientos personas –amigos de la familia, referentes y funcionarios nacionales y del municipio de Quilmes que actualmente encabeza Francisco Gutiérrez, hermano de la víctima– participaron del acto de reconocimiento de responsabilidad en el caso por parte del Estado, que se realizó en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Sarmiento 329, piso 11).
“En la medida que no haya justicia no habrá verdad, y sin verdad se consolida la idea de que con las mafias no se puede”, dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, al justificar la decisión del Estado argentino de acompañar a los familiares del subcomisario, para que se investiguen los hechos en los que resultó asesinado en agosto de 1994, cuando investigaba la denominada “Aduana paralela”. En el reconocimiento, el ministro estuvo acompañado por el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y los familiares de Gutiérrez, Nilda, su viuda, y su hermano, Francisco “Barba” Gutiérrez, actualmente intendente de Quilmes.
A Gutiérrez lo fusilaron con un balazo en la nuca el 29 de agosto de 1994, cuando volvía en un tren de la ex línea Roca a su casa, en Quilmes. En ese entonces, trabajaba en la comisaría 2ª de Avellaneda y estaba investigando los vínculos políticos y económicos del narcotráfico en la “Aduana paralela”.
“Perdón si se me quiebra la voz, son veinte años de pedir justicia prácticamente solos", dijo el joven, frente a un auditorio repleto. En silencio lo escucharon contar que “en memoria de su padre” su familia intentó torcerle el brazo a la impunidad, orquestada por un entramado de “jueces, políticos, policías y empresarios corruptos, vinculados al narcotráfico”. “Pedimos que también se investigue a Julio Gutiérrez Conte, el dueño del depósito de la aduana paralela que estaba investigando mi padre”, agregó.
El “Barba” Gutiérrez, intendente de la municipalidad de Quilmes y hermano de la víctima, agradeció el apoyo y la solidaridad de todos quienes acompañaron la “lucha inclaudicable por la memoria” de su hermano. Indicó que “la causa tiene que servir para purificar la justicia y exigió “a la Corte Suprema de Justicia que reabra la causa”.
Nilda, la viuda de Gutiérrez, su nieta y su hijo David.
Alak consideró que “el caso Gutiérrez es un símbolo de la Argentina por la que tenemos que luchar para la consolidación de un proceso democrático que sepa combatir las mafias que lo contaminan”. “En este acto de resarcimiento el Estado argentino le pide perdón a la familia Gutiérrez por no haber cuidado a quien honestamente trabajaba para poner fin a las mafias”, concluyó el ministro.
Fresneda, por su parte, aseguró que “aceptar la responsabilidad internacional que nos cabe como Estado, no significa una palmada en la espalda, significa que desde acá partimos para buscar verdad y justicia”. “El Poder Ejecutivo está asumiendo la falencia del Poder Judicial”, remarcó y luego señaló a Infojus Noticias: “Tendrían que haber estado acá, mirando a los ojos a la familia”.
En la sala y entre quienes tomaron la palabra en el panel central también estuvo Horacio Verbitsky, el presidente del CELS. El organismo acompañó a la familia en la presentación del caso ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2013 condenó al Estado por la falta de Justicia en este caso.
El organismo internacional le indicó entonces al Estado realizar un “acto público en el que reconozca su responsabilidad internacional y brinde disculpas” a la familia. Y la reapertura de la investigación para “individualizar, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales” de la ejecución de Gutiérrez. Medida esta última que, según informo a Infojus Noticias el abogado de las familias, Luis Valenga, aún no se concretó.
Verbitsky señaló la necesidad de incorporar “una ley que plantee, lo que ya está en la Constitución, y se fije la obligatoriedad de cumplir con las sanciones de la CorteIDH”. También interpretó que “el fallo reparador de la CIDH es una intervención que corrige la desidia del sistema judicial argentino, tras más de dos décadas de impunidad”. “La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la llave para avanzar en la investigación”, dijo el periodista, y completó: “Este acto de reconocimiento y reparación es un remanso en medio de la lucha para alcanzar la verdad y la justicia”.
La aduana paralela
La serie de muertes asociadas a la investigación de la “Aduana paralela” no terminó con este homicidio. En 1990 encontraron muerto al administrador de Aduanas, el brigadier Rodolfo Etchegoyen. Se habló de un suicidio, aunque sus familiares y allegados siempre sostuvieron que estaba investigando el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
Durante la breve presidencia de Eduardo Duhalde, en 2002, el ahora intendente de Quilmes era diputado. Pidió entonces que el caso fuera investigado por dos policías de los cuales podía fiarse: el comisario Orlando Segura y el comisario Jorge Piazza. Segura fue herido de bala, asesinaron a su custodio, su casa fue incendiada e intentaron secuestrar a su esposa. El 14 de febrero de 2003, diez días después de su desaparición, Piazza fue encontrado en un descampado de San Francisco Solano con un tiro en la nuca.
Todos los policías asesinados estaban tras la pista de los depósitos Defisa. Un asesor de la Comisión de Investigación de la Aduana Paralela, Carlos Gussoni, que en 1994 denunció irregularidades en el sistema informático de la aduana, fue asesinado y lo quisieron hacer pasar por un accidente de tránsito. Le cortaron los frenos de su auto cuando estaba yendo a presentar las pruebas en contra de la empresa. También murió José Micuccio, jefe de la sección Registros de la aduana de Campana.
