Asesores de Zavascki señalaron que esa fue la decisión del magistrado, pues el nombre de Rousseff no aparece en la lista entregada por la Procuraduría, lo cual confirma la inexistencia de motivos para pesquisarla.
"No hay nada que archivar de la presidenta Dilma Rousseff", recalcó el miembro de la STF, según sus asesores, al citar que la Constitución Federal señala que un jefe de Estado no puede ser responsabilizado por extraños actos registrados en el ejercicio de sus funciones.
Este pronunciamiento ocurre después de que medios de prensa nacionales, de tendencia conservadora, intentaran vincular a la mandataria con el esquema de corrupción en Petrobras, que envuelve a exdirectivos de esa petrolera, ejecutivos de empresas y políticos.
El ente judicial autorizó anoche a la Fiscalía general investigar a 47 políticos, entre ellos 22 diputados y 12 senadores, por presunta implicación en un esquema de desvío de dinero y contratos inflados con la petrolera estatal.
Zavascki suspendió el fuero de corte a los parlamentarios acusados, lo cual permitirá acceder a las cuentas bancarias, telefónicas y patrimonio de las figuras presuntamente implicados en este ilícito.
De los legisladores, 32 integran el Partido Progresista (PP), siete la agrupación del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), seis de la organización de los Trabajadores (PT), uno la Social Democracia (PSDB) y otro la fuerza Laborista (PTB).
Entre los implicados aparecen los líderes del Senado, Renan Calheiros, y de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos del PMDB, así como también a 11 exlegisladores y la exgobernadora Roseana Sarney, hija del expresidente José Sarney.
El magistrado aceptó también que se indagará al tesorero del PT, Joao Vaccari, y a Fernando Soares, vinculado al PMDB y considerado como operador de la red de desvío de fondos de Petrobras.
Las indagaciones de la justicia, iniciadas en marzo último, revelan que 16 empresas constructoras y de ingeniería integraron un cartel para lograr contratos inflados con la petrolera y después repartirse los fondos obtenidos de manera irregular.
Se estima que los políticos recibieron propinas de los fraudes cometidos en Petrobras por influenciar o apoyar en la concesión de obras en estados brasileños.
