Paulo Vannuchi es relator de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) para la Argentina y será veedor en el juicio por el encubrimiento al atentado de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que comenzará mañana. La asociación integrada por familiares de las víctimas, Memoria Activa, había reclamado un observador durante esta instancia.
El debate oral tendrá lugar a partir de las 9.30, en el Tribunal Oral Federal N° 2, en Comodoro Py. En el banquillo de los acusados estarán sentados 13 imputados, entre ellos el ex presidente Carlos Saúl Menem y el ex juez de la causa, Juan José Galeano.
También estarán dos ex policías, dos ex fiscales, un ex agente y la cúpula de la Secretaría de Inteligencia del Estado en la era menemista. En el atentado, ocurrido el 18 de julio de 1994, murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Entre los querellantes está el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y Memoria Activa.
Vannuchi es brasileño. Fue elegido en el cuadragésino tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en junio de 2013 por el período reglamentario de cuatro años. El comisionado es consultor político y sindical. En su juventud, permaneció preso durante cinco años por actividades de resistencia a la dictadura militar de Brasil.
Estudió periodismo en la Universidad de San Pablo, con una Maestría en Ciencias Políticas. Integró el equipo de trabajo que realizó la investigación “Brasil Nunca Más”, fue cofundador del Instituto Cajamar, y asesor político de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil.
El veedor de la CIDH también fue secretario de la Coordinación Nacional de la Campaña Lula Presidente en 1994 y 2002. Como funcionario ocupó diversos cargos, incluido el de presidente del Instituto Ciudadanía, coordinado por Luiz Inácio Lula da Silva.
Fue Ministro de Derechos Humanos durante el gobierno Lula entre el 21 de diciembre de 2005 y el 31 de diciembre de 2010. Y, además, presidente del Consejo de Defensa de los Derechos Humanos, de la Comisión Nacional para Erradicar el Trabajo Esclavo y del Comité Nacional de Prevención y Combate a la Tortura en Brasil. Es autor de artículos y publicaciones sobre ciencia política y derechos humanos, entre otros temas.
El juicio
El debate comenzará con audiencias sólo los días jueves y luego se agregará un día más. Está previsto que declaren más de 140 testigos entre los que se encuentran familiares de las víctimas y el ex policía Juan José Ribelli, que estuvo detenido ilegalmente más de siete años por el caso. También está pedida la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
La causa que investiga el encubrimiento comenzó en el año 2000, cuando Claudio Lifschitz, uno de los prosecretarios del juzgado federal N° 9, en el que recaló la investigación del atentado terrorista, contó que Galeano y el gobierno de Menem habrían acordado “plantar” la pista que dirigía hacia los policías bonaerenses como autores del atentado.
Todo esto, en medio de un enfrentamiento entre el entonces gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde y Menem y con intención de desviar la mirada de la denominada “pista Siria”.
El entramado denunciado por Lifschitz se formalizó en una denuncia ante el entonces Ministerio de Justicia de la Nación. Tras varios años de investigación, en 2012 el juez federal Ariel Lijo elevó la causa a juicio oral.
Lijo señaló que, orquestada (o gestionada) por Menem, a través de su hermano Munir, el gobierno de entonces acordó con Galeano omitir la investigación de la pista que llevaba a un hombre cercano a la familia presidencial: el ciudadano argentino de origen sirio-libanés Alberto Kanoore Edul.
