Diez días hábiles. Ese es el lapso que tiene el suspendido magistrado Néstor Montezanti para contestar y, a la vez, ofrecer prueba que refute las acusaciones en su contra, luego de haber sido notificado sobre su juicio político.
Además, podrá realizar otro tipo de presentaciones aunque, por el momento, Montezanti –que presidía la Cámara Federal de Bahía Blanca– no recusó a ninguno de los integrantes del tribunal que deberá juzgarlo.
“Ayer se notificó al juez acusado del traslado de la acusación y tiene diez días hábiles para contestar los cargos y ofrecer prueba”, explicaron fuentes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a Infojus Noticias.
También se conocieron los nombres de los abogados que el juez designó para su defensa: se trata de Ignacio Irigaray y de Gastón Yaryura Tobias.
Irigaray fue uno de los abogados del fiscal de Saavedra, José María Campagnoli –el otro era Ricardo Gil Lavedra–, en el juicio político inconcluso que se llevó adelante contra Campagnoli en el Ministerio Público.
Ahora, ya aceptó oficialmente el cargo para representar a Montezanti, mientras que Yaryura Tobias no lo hizo aún pero puede hacerlo “en cualquier momento”, explicaron.
Desde el tribunal, indicaron que según los tiempos que se manejan, el debate podría iniciarse en diciembre próximo. Hay que recordar que según el artículo 115 de la Constitución Nacional el Jurado de Enjuiciamiento tiene 180 días para emitir una sentencia en el proceso.
El 10 de septiembre pasado, el Consejo de la Magistratura suspendió y envió a juicio político a Montezanti por mal desempeño en sus funciones. El magistrado está acusado de haber pertenecido a la Triple A y de haberse desempeñado como agente de inteligencia durante la última dictadura.
El dictamen que lo envió a juicio político le endilga al magistrado “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los Derechos Humanos” y la “falta de idoneidad moral y de vocación democrática”.
Además del hecho de “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes” e incluso con los consejeros.
La semana pasada, el juez federal Alejo Ramos Padilla le prohibió la salida del país a Montezanti en la causa en la que está siendo investigado por delitos de lesa humanidad, ocurridos en la última dictadura cívico–militar.
Entre otras cosas, a Montezanti se lo investiga por su participación en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y secuestro de Jorge Omar Riquelme Esparza, en 1977.
Riquelme Esparza trabajaba en el Hospital municipal de Bahía Blanca como enfermero hasta donde llegaron policías y miembros del Ejército que se lo llevaron al Comando del Ejército.
Allí, fue interrogado sobre su ideología y sus contactos y habría sido obligado a punta de pistola por el entonces abogado apoderado de UOM –el hoy juez Montezanti–, quien le habría hecho firmar unos documentos. Abogado por aquellos años, Montezanti tenía entre sus clientes a las 62 Organizaciones Peronistas, el movimiento sindical de la ortodoxia del PJ.
El viernes de la semana pasada juraron los últimos miembros que faltaban y el tribunal para juzgarlo quedó formalmente constituido. Ésta está integrado por los jueces Miguel Caminos, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3; y Otmar Osvaldo Paulucci, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario N° 1; las senadoras Sigrid Elisabeth Kunath (FpV) y Silvia Elias de Pérez (UCR); los diputados Alejandro Abraham (FpV) y María Soledad Carrizo (UCR); y el abogado Santiago Pini.
