La Justicia Federal marplatense dio un paso más en la investigación de los crímenes de la Base Naval: el juez federal de la ciudad portuaria, Santiago Inchausti, dictó el procesamiento con prisión preventiva de ocho marinos y tres médicos navales que habían sido detenidas el mes pasado. Algunos de ellos seguirán con sus arrestos domiciliarios, y otros aguardarán en la cárcel de Marcos Paz el juicio oral.
Además, se les fijó a todos un embargo de dos millones de pesos. Algunos acusados ya recurrieron la decisión del juez. “Confiamos en que la Cámara (de Apelaciones de Mar del Plata) va a confirmar la medida, porque la prueba que tenemos contra ellos es muy contundente. Surgió un montón de documentación en el juicio oral por Base Naval II”, dijo el abogado querellante César Sivo, consultado por Infojus Noticias.
Las detenciones se produjeron en la tercera semana de septiembre en el sexto tramo de la causa de Base Naval, que está en plena etapa de instrucción. Las ordenó el juez Inchausti y el nuevo fiscal del distrito, Nicolás Czizik. Raúl Enrique Pizarro, Carlos Alberto Mansilla y Miguel Ángel Domingo Parola eran jefes de Sanidad de los centros clandestinos que funcionaron en la Base Naval y en la Escuela de Suboficiales de Marina (ESIM). Además de las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos, el magistrado les atribuyó ser jefes u organizadores de una asociación ilícita.
Los indicios contra los médicos provenían de los cargos que ocupaban y las inocultables víctimas que estaban secuestrados en los chupaderos de su jurisdicción. Mansilla había sido el jefe de sanidad de la ESIM en 1977 y 1978 y en la actualidad ocupaba la primera vocalía de la sociedad argentina de Neumología. Pizarro, el jefe del departamento de medicina de la Base Naval entre marzo y diciembre de 1978.
El 1 de diciembre de 2011 había declarado como testigo en la causa Base Naval II, y afirmó haber visto “detenidos pero no puedo decir que haya habido torturas”. Ese día, estaba muy desmemoriado. Supo que “había detenidos por casos de terrorismo”, pero no sabía a disposición de quién estaban. Nunca había visto embarazadas. No sabía si había calabozos. No recordaba quién era el jefe de Buzos Tácticos. Parola también trabajaba en Sanidad de la ESIM. A los tres, Inchausti los acusó por “prestar colaboración a toda persona cautiva que haya sufrido heridas o haya tenido patologías causadas por las condiciones de detención y los tormentos recibidos a los que eran sometidos los detenidos para obtener información”.
El cuarto médico detenido en la causa, un mendocino de 74 años llamado Carlos Fernando Gori, que en 1976 dirigió el departamento de Sanidad de la fuerza de Submarinos, fue el único que todavía no fue procesado. Gori quedó preso en Alicante, España, por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
El magistrado argentino Santiago Inchausti trabaja en el anexo en el que debe detallar el marco jurídico y probatorio necesario para que la justicia española acepte la extradición. Como Gori es ciudadano español, el juez debe consultarlo si acepta la extradición, pero a condición de juzgarlo si el reo opta por quedarse en la península ibérica.
Los marinos procesados
Los marinos Oscar Ramón Gronda —comandante de la agrupación Comandos Anfibios—, Néstor Ramón Eduardo Vignolles —jefe de la Prefectura Naval Argentina— y Osvaldo Gaspar Siepe —jefe de Sección de Informaciones de la misma fuerza— también fueron acusados de ser jefes u organizadores de la asociación ilícita, al igual que Jorge Horacio Roque Vargas —jefe de la Central Inteligencia de la Base Naval— y Rodolfo Ludueña —jefe de operaciones de la Fuerza de Tareas 6—.
A ellos, el juez les atribuyó “por su ubicación en la cadena de mandos de la Armada Argentina, la ejecución de las órdenes tendientes a combatir la “subversión”, consistente en aprehender presuntos sospechosos, mantenerlos clandestinamente en cautiverio bajo condiciones inhumanas de vida y someterlos a tormento (…) para finalmente ser liberados (…) o bien eliminarlos físicamente”.
A los suboficiales de menor rango, que actuaron como agentes de inteligencia en el centro clandestino de la Base —Policarpo Vázquez y Oscar Ayendez— o para la agrupación Buzos Tácticos —Enrique Esteban Willig— los acusó por privación ilegal de la libertad y por tormentos, pero en calidad de miembros de la asociación ilícita.
Los crímenes de la Armada en Mar del Plata ya habían sido juzgados. Se habían juzgado dos tramos —Base Naval I y II— que llegaron a condenas, y en la actualidad hay otros dos tramos —III y IV— que transcurren por la vía del debate oral.
“En el segundo juicio, a través de las felicitaciones de los legajos, fuimos reconstruyendo casi todos los casilleros y los cargos del organigrama de la Fuertar 6, que operaba en Mar del Plata. Luego de la sentencia, pedimos que se abrieran causas por los nombres nuevos que habían aparecido en el debate. Por eso la prueba es contundente”, detalló el abogado Sivo. El resto de los marinos que aparecieron en el juicio no pudieron ser detenidos porque han muerto.
