El martes vence el plazo para que el gobierno de Mauricio Macri responda ante la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) por el requerimiento presentado en 2012 por la UDI y la familia Guzmán, en orden a que se revise el estatus de refugiado político del ex frentista. Y el miércoles, a más tardar, la Casa Rosada debe entregar su apelación a la justicia de ese país. Esto último, luego que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 de Argentina acogiera los argumentos del gobierno chileno para impugnar el estatus de refugiado de Apablaza.
Esa condición es lo que frena su extradición a Chile, ya que ésta fue concedida por la Corte Suprema de Buenos Aires.
La decisión del gobierno argentino de impugnar la resolución de ese juzgado fue comunicada la noche del martes por el embajador chileno en ese país, José Antonio Viera-Gallo, al ministro (s) de RR.EE., Edgardo Riveros.
La determinación sorprendió a la UDI. En ese partido dijeron ayer que esperaban una actitud distinta de Argentina, debido a las señales de apertura a una posible extradición que habían entregado autoridades de ese país, tras la toma de posesión de Macri y el fin del mandato de Cristina Fernández.
Pero la determinación fue leída de una forma distinta en círculos diplomáticos y en el gobierno chileno, que evitó criticar la decisión.
Fuentes diplomáticas interpretan la apelación del gobierno argentino como una forma de evitar un complejo precedente: abrir la puerta a futuras acciones de otros países por determinaciones políticas internas, como es el caso de haberle otorgado el estatus de refugiado a Apablaza.
Así lo dejó entrever ayer, además, el propio Riveros. “Aquí hay factores jurídicos. Indudablemente que también hay elementos políticos de contexto. Normalmente, cuando los gobiernos toman una decisión, no están pensando sólo en un caso específico, sino que tienen otros panoramas que considerar. Por lo tanto, eso obedece a la decisión del gobierno argentino”, dijo ayer en la tarde, en una entrevista a CNN.
Por lo mismo, la actitud de La Moneda fue de cautela. “Estaba entre las posibilidades”, comentó Riveros, junto con señalar que están a la espera de que se concrete la apelación para conocer los fundamentos y la argumentación que entregará el gobierno argentino.
“Una vez que conozcamos cuáles son los fundamentos que el gobierno argentino esgrimirá, definiremos los cursos de acción y también los elementos que haremos valer”, explicó Riveros, quien ejerce como canciller subrogante mientras Heraldo Muñoz se encuentra de vacaciones.
Con todo, uno de los abogados defensores de Galvarino Apablaza, Alberto Espinoza, coincidió con la acción del gobierno argentino y criticó a las autoridades chilenas. “El estado argentino está cuestionando que Chile tenga la capacidad jurídica para cuestionar una decisión soberana del Estado argentino. Contrario a lo que dice el ministro Jorge Burgos, no hay ningún tribunal chileno que haya impugnado la condición de refugiado de Apablaza, condición que en el derecho internacional está por sobre la extradición. Esto es una decisión política”, aseveró.
