Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legar María Julia Hernández, espera que la resolución de la Sala de lo Constitucional ayude al esclarecimiento de casos de graves violaciones a derechos humanos y darle continuidad a los que están en proceso, “esperamos que la cosa juzgada también no sea un estandarte para mantener la impunidad”.
Señaló que la tanto la Fiscalía como los juzgados tienen la obligación de actuar de acuerdo a su función, “tendría que actuar sin previo aviso, incluso ir a buscar los archivos de la Fuerza Armada o buscar otro tipo de archivos que pueden complementar esa información”.
Además, remarcó que debe pedirse el archivo de la Comisión de la Verdad “que está pudriéndose allá en Nueva York, en las Naciones Unidas en un conteiner y que no se le ha dado mantenimiento, ese archivo debe traerse y verse allí todo lo que ocupó la Comisión de la Verdad para dar sus recomendaciones y sus resoluciones”.
Por su parte, el titular de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, David Morales, respaldó la posición de organizaciones sociales al señalar la obligación de la Fiscalía General de la República (FGR) en indagar casos de crímenes de lesa humanidad “algunos de los cuales tienen amplísima información que la Fiscalía podría recuperar”.
Respecto a la obligación de la Fuerza Armada en proporcionar información que pueda ser útil para investigar violaciones a derechos humanos, Morales afirmó que se trata de una cuestión “indelegable” que ya lo establece el marco jurídico salvadoreño con la Ley de Acceso a la Información Pública, sin embargo “lamentablemente las autoridades de la Fuerza Armada a lo largo de los años, han tenido un patrón de conducta de incumplir la ley y negar la información, hay un patrón de negar su existencia, de negar las solicitudes de información que se realizan”.
A pesar de diversas sentencias internacionales al respecto, el procurador dijo que “la Fiscalía no mueve ni un caso y los tribunales que conocen de casos no impulsan los juicios, hay una especie de impunidad institucionalizada en el sistema de justicia”.
