La mesa de productores solicitó a las autoridades nacionales "definir políticas sectoriales que permitan una recuperación de la rentabilidad perdida", como "única forma de devolverle la sustentabilidad y evitar los reclamos constantes".
Participaron del encuentro productores tamberos de las cuencas de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, quienes fueron acompañados por el presidente de Economías Regionales de la CAME, Raúl Robín y su director ejecutivo Pablo Vernengo, entre otros dirigentes.
En el pronunciamiento de la Mesa Lechera de la CAME destacaron que es necesario "mantener la quita de las retenciones a los impuestos al valor agregado (IVA) y Ganancias con la finalidad de sostener el capital de trabajo".
Además de solicitar como necesario declarar la emergencia del sector lácteo, requirió que "los tres niveles gubernamentales, nación, provincia y municipio, reintegren a la cadena parte de los impuestos y tasas que hoy perciben por la actividad".
"Si bien el precio del litro de leche que percibe el tambero en dólares es histórico, no cubre los costos de producción", aseveraron a la vez que agregaron que para esto suceda "se requiere de un monto adicional al precio, el mismo no debe ser aportado por el Estado como subsidio, sino por los actores de la cadena de valor, con la finalidad de recomponer la ecuación de rentabilidad de distintas fases productivas".
Frente a la existencia de seis empresas que participan del 60% del mercado y una gran cantidad de usinas lácteas pymes, por donde se canaliza el 40% de la producción, CAME sugirió necesario "una adecuada reglamentación de la flamante Ley 27.264, conocida como Ley Pyme, para acompañar a las pequeñas y medianas empresas en todo su desarrollo, ya sean de sector productivo, agroindustrial o comercial"
"El Estado debe desarrollar políticas para salvar la lechería y garantizar los miles de empleos en los pueblos del interior del país", agregó.
Para la Confederación es "necesario crear un ente público-privado para el desarrollo de este sector, que no sólo debe realizar un análisis estructural de la actividad sino también permitir la planificación, ejecución y control de un plan de acción", con el objetivo de "mejorar la distribución de la renta entre el sector primario, industrial, comercial y el propio Gobierno, proponiendo herramientas de libre equilibrio en los mercados para que no ocurran los problemas de falta o sobreoferta del comercio interno", finalizó el comunicado.
