La Dirección Nacional de Migraciones anunció la apertura de un centro para retener extranjeros sin documentación regularizada. El CELS y Amnistía Internacional advirtieron que la medida criminaliza a los migrantes. “Es privación de la libertad y son detenciones por infracciones administrativas”, alertó una especialista.
A través de un comunicado oficial, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) informó la creación de un centro para el “alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871”, también conocida como Ley de Migraciones. Así, por primera vez, la Argentina contará desde el primero de septiembre con un centro de detención de migrantes. El CELS advirtió que “esto implica la criminalización de los migrantes cuya situación es irregular, asociándolos con un problema de seguridad” y Amnistía Internacional alertó que “representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina, reconocida a nivel mundial por su enfoque de derechos humanos”.
El primer comunicado de la DNM fue emitido el 19 de agosto. Allí se informaba que el director de Migraciones, Horacio García, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y su par porteño, Martín Ocampo, habían firmado un convenio por el cual la Ciudad entregaba en comodato un inmueble ubicado en Pasaje Colmo 3860 (Nueva Pompeya) para “alojar” y “combatir la irregularidad inmigratoria”. Seis días más tarde, el texto fue suavizado y ya no hablaba de combate sino de “aplicación de la ley”. La cuestión de fondo sigue en pie: por primera vez, Argentina tendrá una cárcel para extranjeros indocumentados.
“A los centros de detención de migrantes se los suele llamar con muchos eufemismos. Se habla de retención, alojamiento, estaciones migratorias, centros de albergue. Pero son centros de detención y lo que se hace es privar de la libertad a migrantes por una infracción administrativa”, dijo a Política Argentina la abogada Agostina Hernández Bologna, investigadora del Programa Migración y Asilo del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. La especialista insistió sobre el punto de que se trataría de detenciones por infracciones de carácter administrativo. “Vas a detener a una persona que no cometió un delito regulado en el Código Penal sino que es una infracción equiparable a cualquier otra: tener la licencia de conducir vencida o cruzar en rojo”, comparó.
La legislación migratoria actual fue sancionada en 2004 y reemplazó lo que se conocía como “Ley Videla”, una norma de la dictadura que tenía un carácter persecutorio y expulsivo. La ley vigente fue destacada por organismos internacionales y de derechos humanos, por reconocer el derecho de las personas migrantes. “Lo que viene a suceder con la creación de este centro de detención es un retroceso en la perspectiva que argentina tenía sobre las migraciones –advirtió Hernández Bologna- Si durante años no se creó un centro de retención es porque la política no estaba orientada a la expulsión sino al contrario. Estaba orientada a la regularización. Si creás un centro de detención es porque tu política va a estar orientada a la expulsión sistemática. Ahí está el cambio de paradigma”.
Ese cambio, alertó la investigadora, ya se percibía antes del anuncio de creación de un centro de detención para extranjeros. “Migraciones tenía un programa que se llamaba Abordaje Territorial, que iba a los barrios para comentarles a las personas cuáles eran las posibilidades parar regularizarse. Porque muchas veces no lo hacen por falta de información”, contó Hernández Bologna, y agregó que la gestión de Cambiemos cerró ese programa. Indicó que “ahora los operativos que hace Migraciones son como redadas o razias: salen con las camionetas a buscar migrantes irregulares”. La propia Dirección Nacional de Migraciones informó recientemente que en ocho meses de gestión se duplicaron los operativos en relación al último año.
En tanto, planteó la investigadora del Programa Migración y Asilo, hay una red de organismos buscando estrategias “para frenar este centro de detención y seguir con una perspectiva que no criminalice la migración. Porque una cosa es el Estado regulando la entrada, permanencia y salida de personas extranjeras en el país, otra cosa es la criminalización”. Y advirtió sobre las consecuencias de este tipo de políticas, que “tienen además un contenido simbólico que es fomentar la xenofobia, la discriminación y el racismo”.
La alarma tras el anuncio de la Dirección Nacional de Migraciones se encendió incluso en organismos internacionales. En una reciente entrevista para FM La Tribu, Michael Flynn, director Ejecutivo de Global Detention Project -que releva los centros de detención de personas migrantes en el mundo- dijo: “Tenemos una base de datos de dos mil centros de detención en el mundo y me parece que tenemos que añadir uno nuevo para Argentina. Hasta hoy esta parte del mundo era la única que no tenía un sistema de detención sistemático, pero parece que Argentina ha decidido ir en esa dirección, es un cambio grande”.
*Por Luciana Rosende, PA
