“Convocamos para mañana a las 9.30 a los ex detenidos, querellantes y organizaciones que solidariamente coincidan con nuestro reclamo para que el galpón del ex Regimiento de Infantería 9 (foto) no se entregue al Ejército y podamos cumplir el objetivo de instalar ahí un museo de la Memoria”, dijo a Télam el presidente de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, Ramón Artieda.
Por su parte, fuentes judiciales confirmaron a esta agencia que está vigente una medida cautelar que impide al regimiento disponer del predio que fuera utilizado para la detención y tortura de personas durante el terrorismo de estado en Corrientes, un predio militar instalado en la intersección de las avenidas 3 de Abril y Costanera General San Martín de la capital provincial. Dicha cautelar fue fijada previo al juicio que se realizó en el año 2008 y por el cual fueron condenados tres integrantes del Ejército y uno de Gendarmería por los delitos cometidos en ese centro.
“Si bien ahora se debe realizar una inspección ocular, no hay plazo por lo cual no podemos confirmar que se realice este jueves a la mañana, ya que no se encontraría en Corrientes el jefe del regimiento, teniente coronel Cristian Miradelli”, corroboró la fuente consultada.
Según explicaron en el juzgado federal de la primera nominación de Corrientes a cargo de Carlos Soto Dávila, el pedido de restitución de predios investigados por crímenes de lesa humanidad es común en las causas de todo el país.
No obstante, en el caso de Corrientes se encuentra en etapa de instrucción otra causa que investiga las responsabilidades de los miembros de la Séptima Brigada del Ejército, que tuvo facultades sobre ese regimiento durante la dictadura cívico militar.
“Una vez que se realice la inspección, de la cual aún no podemos confirmar la fecha, el juez evalúa y solicita dictamen de la fiscalía, así como corre vista a las partes y posteriormente define, en el marco de un trámite judicial ordinario”, explicaron en el juzgado de Soto Dávila.
Por su parte, el presidente de la Comisión Provincial de Derechos Humanos sostuvo que “los sectores que reclaman la devolución del predio están en una ofensiva en todo el país porque están queriendo volver”. “Hay una medida de no innovar y la vamos a hacer valer porque ese predio que resguarda la memoria debería ser de todos”, indicó Ramón Artieda.
A su vez, el presidente de la Asociación Correntina de Ex Presos Políticos, Julio Fagalde, manifestó su “preocupación” por la posibilidad de que sea devuelto el predio en un contacto sostenido hoy con Télam.
“El predio tiene que dar en las condiciones actuales, que se respete la medida cautelar y no vuelva a manos del Ejército, porque allí se debe instalar un centro cultural y educativo, un espacio para la memoria y además, por las serias sospechas que existen de que allí hubo más víctimas del terrorismo de Estado”, dijo Fagalde.
