La culminación del trabajo fue anunciada en una conferencia de prensa en la sede episcopal de la calle Suipacha. Los obispos leyeron un documento conjunto emitido con la Santa Sede con la noticia de esa desclasificación reclamada por las víctimas y organismos de derechos humanos desde hace años.
Los documentos, que contienen cerca de 3.000 casos, no serán públicos. Sólo accederán familiares, víctimas y superiores para el caso de sacerdotes o religiosos, y también la justicia, como hasta ahora.
Cuando los periodistas preguntaron si los documentos arrojan datos sobre la complicidad de la Iglesia argentina con la dictadura, el arzobispo José María Arancedo –titular de la CEA– dijo que no puede hablarse de complicidad sino que “tal vez la Iglesia no hizo todo lo que podría haber hecho” pero que en esos papeles seguramente aparecerán “más luces que sombras”.
Los obispos dijeron que “no le tienen miedo a los archivos”. Se trata de una medida excepcional, ya que según las normas del Vaticano las desclasificación se hace a los 50 años de los hechos. “Es una respuesta que esperamos desde hace mucho tiempo”, afirmó Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Desde el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Gastón Chillier reclamó que los documentos sean de “acceso público”.
“No está ausente el mea culpa y el pedido de perdón por lo que no se hizo”, dijo ayer el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli. Los obispos repitieron que esa es una posición que sostienen desde el año 2000.
Arancedo quedó ubicado en el medio de la mesa de la conferencia. A su derecha se sentó el cardenal Poli, segundo en la CEA y a la izquierda Carlos Malfa, secretario general de la CEA, obispo de Chascomús y uno de los que siguió de cerca el trabajo de apertura de archivos. En la sala estuvo Eduardo Valdés, ex embajador argentino en el Vaticano. Y Dora Salas, periodista, integrante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y quien viajó con Lita Boitano en 2015 para pedir al Papa Francisco la apertura de estos archivos. Lo mismo habían hecho Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y otros integrantes de organismos de derechos humanos.
El comunicado de la CEA y el Vaticano dio cuenta de un encuentro en Roma el 15 de octubre en el que se evaluó avance del trabajo y se tomó la decisión de anunciar el cierre. Allí estuvieron Arancedo, Poli y Malfa con hombres del Vaticano, encabezados por el cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado de la iglesia romana.
“Se ha constatado que este proceso de organización y digitalización, llevado a cabo en conformidad con las decisiones e indicaciones del Santo Padre y que supone la continuación de un trabajo ya iniciado años atrás por la Conferencia Episcopal Argentina, ha terminado”, escribieron. “Este trabajo se ha desarrollado teniendo en cuenta como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz, continuando con el diálogo abierto a la cultura del encuentro en el pueblo argentino”.
En esa sintonía, Arancedo encuadró la apertura como continuación de la publicación de un documentos en 2005 con el nombre de Iglesia y democracia. Ese texto desorganizado y que debe ser leído y completado con los archivos que acaban de ser desclasificados, según dijeron, ya contenía “luces y sombras”. “La CEA comenzó la organización de los archivos en 2005 -dijo Malfa– pero en el 2012 se priorizó el período 76-83. Y luego, con los mismos criterios de digitalización y catálogo, y a instancias del Santo Padre, se realizó un trabajo igual en la Nunciatura Apostólica argentina y en la Santa Sede. Este es el trabajo que ahora concluyó y que se pondrá a disposición de las personas, conforme al protocolo que se está terminando”. Malfa habló de una “doble intervención” de Jorge Bergoglio: primero en 2012, cuando se priorizó el período dictadura y luego como Papa. “Lo que demuestra -dijo– que ha impulsado esto con intensidad y seria responsabilidad”.
Luego de asumir como Papa, Bergoglio modificó la legislación del Vaticano para que sus archivos pudieran servir como pruebas en causas judiciales, pero siempre a partir del pedido de jueces o fiscales. Así llegó, por ejemplo, una carta del obispo Enrique Angelelli al expediente en el que se investigaba su asesinato.
Para Poli, la apertura “es un servicio a nuestra Patria para la reconciliación de los argentinos. No le tenemos miedo a los archivos. Los archivos contienen la verdad de la historia. Los grandes historiadores de la iglesia nos han enseñado que no hay que tenerle miedo a esto.”
Sobre los documentos, dijeron que la mayor parte son cartas que enviaron los familiares buscando información sobre sus desparecidos, copias de las respuestas, copias de las gestiones de la Iglesia si las hubiera y de las eventuales respuestas que la Iglesia recibió. Esto parece ser el principal contenido de los archivos (ver aparte). Pero de las declaraciones se desprende que puede haber algunas sorpresas.
Cuando se insistió sobre rastros de la complicidad de la Iglesia, Arancedo sugirió que puede aparecer algún obispo complicado. “En una oportunidad dije que no puedo hablar de la palabra complicidad -dijo–. Es cierto que la Iglesia tal vez no hizo todo lo que pudo. Por eso pedimos perdón. Pero creo que de los documentos va a surgir otra palabra. Casi me atrevo a decir que cuando se pueda tomar contacto con todo el recorrido, la presencia de la Iglesia va a aparecer con más luces que sombras. Sombras siempre puede haber. Seríamos mentirosos si dijéramos otra cosa, pero no hay una actitud corporativa de defensa. Para nosotros el límite de toda defensa del cuerpo es la verdad, la justicia y que si un hermano obispo ha tenido una actitud, me parece lamentarlo”. Su intervención siguió en esa línea. Que la iglesia no se fue. Se quedó. Que hizo lo que pudo. Que por eso “tuvimos muchas heridas, muchas muertes”. Recordó que también ayudaron a muchos a salir del país. Que esta “es una historia que todavía esta por hacerse, pero ahora dimos un paso”.
Poli insistió en que la Iglesia hizo un mea culpa en el 2000. Los obispos negaron que pudieran existir nuevos datos para iluminar causas como el reclamo por la falta de asistencia de Bergoglio a la protección de los curas secuestrados Orlando Yorio y Francisco Jalics.
“Además del mea culpa, esto marca una contundente voluntad de prestar este servicio, llámese como deuda, y como también como aporte a la verdad y a la reconciliación, reconciliación que no se opone a la justicia. Esa contradicción no hay que usarla entre nosotros: estamos en el año de la Misericordia. Y es ella la que ilumina a la justicia”.
¿Por qué 40 años después?, preguntaron. ¿Por qué esta desclasificación llega tan tarde? Allí Poli dijo que “normalmente los archivos históricos siguen cláusulas universales” y que la Iglesia tiene tiempos de 50 años de secreto. Que de todas formas en los ‘90 hubo aperturas parciales, también con el libro de 2005. Luego agregó: “hay que decir que el reclamo de la Justicia nos fue impulsando a organizarnos. No sé si eso pesó pero lo importante es que lo hacemos en este momento”.
Los obispos aclararon que la Iglesia no tiene un archivo único y concentrado. Que estos son tres fondos. Que cada diócesis tiene sus archivos. Y que esperan que esto aliente próximas aperturas. También explicaron que ya están trabajando en la digitalización de las actas de bautismo, dato que reclamaron las Abuelas. Y que vienen recibiendo pedidos de la Justicia y van haciendo aportes.
En la sala, Valdés se mostró conforme. “Esto sin duda es un avance”, dijo. Dora dijo algo parecido. “Como todo paso que se da lo tomo como un primer paso positivo. La Conferencia dejó en claro que todavía falta un largo camino a recorrer y esto completamente de acuerdo con eso”. En ese momento se acordó de una escena. Unas fichas que monseñor Giorgio Filibeck le mostró durante la dictadura en un encuentro en la sede del Consejo Justicia y Pace del Vaticano: eran fichas con datos de Luis Guagnini, dijo, su esposo desaparecido, también periodista. En los archivos, según explicó la persona a cargo del catálogo, todavía no están.
“Es una buena noticia y la esperamos muchos años. La Iglesia fue parte de esa época tan siniestra y dolorosa”, opinó Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora. Adolfo Pérez Esquivel, del Serpaj y Carlotto también evaluaron de forma positiva el anuncio de la Iglesia. “La verdad es que la cúpula de la Iglesia ayudó a la dictadura a encontrar a las víctimas. Ahora se está recuperando la dignidad de la Iglesia”.
