El Gobierno catalán continúa con la esperanza de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo de España para la celebración de un referéndum sobre la independencia de la región, sin embargo, la ausencia de permiso por parte de Madrid no le detendrá a la hora de celebrar la votación, argumentó el viernes el presidente catalán, Carles Puigdemont, en declaraciones a la agencia de noticias The Associated Press (AP).
En esta misma línea, el líder independentista incluso aseguró que se podría adelantar la fecha del voto vinculante que, hasta ahora, solo tenía como límite septiembre de 2017 y recalcó que su gobierno busca el diálogo con el Ejecutivo del Partido Popular (PP) siempre y cuando se incluya el referéndum.
“Estamos inmersos en una relación decadente con España. Nuestras aspiraciones son sistemáticamente contestadas por un estado que deberíamos tener a favor, y lo notamos persistentemente a la contra”, lamentó Puigdemont, quien afirmó, al explicar la hoja de ruta para la secesión de España, que “el bienestar de Cataluña sólo es posible fuera del Estado español”.
El recién formado Ejecutivo ‘popular’, dirigido por Mariano Rajoy, anunció su disposición a abrir un diálogo con los dirigentes catalanes para discutir temas "concretos" que afectan a los ciudadanos, y además poder disuadir a las autoridades regionales de seguir con sus planes independentistas, algo que de hecho considera uno de sus principales retos.
Los ministros del Gabinete se disponen a estudiar 45 de las 46 demandas que Puigdemont presentó a Rajoy el pasado mes de abril, entre las que se incluye peticiones relacionadas con la inversión en infraestructura, educación y salud. El punto ignorado –primero en la lista del presidente del gobierno regional–, es precisamente el que hace referencia al nuevo referéndum por la independencia de Cataluña.
No obstante, Puigdemont había advertido anteriormente que los intentos de diálogo por parte de Rajoy y su equipo no son más que “un simulacro de operación diálogo”.
Los que rechazan la independencia de la región argumentan que la Constitución española no da lugar a la celebración de un referéndum que plantee la independencia ni a la propia secesión de un territorio del país.
La mayoría de catalanes, sin embargo, apoya que se lleve a cabo una consulta, según indican los últimos sondeos que por otra parte también muestran que los 7,5 millones de habitantes de Cataluña se encuentran divididos en la cuestión de si separarse o no de España.
