A los empleados públicos se les acusa de estar vinculados al clérigo Fethullah Gülen, autoexiliado en Estados Unidos, a quien el Gobierno turco responsaliza por la intentona golpista del 15 de julio de 2016.
Hace pocos días, más de 9.000 policías fueron suspendidos y otros miles detenidos por sus supuestos lazos con el movimiento de Gülen. Según Anadolu, con los nuevos decretos también fueron cerrados 14 asociaciones, 13 organizaciones de salud y 18 fundaciones.
Al mismo tiempo, cinco asociaciones fueron autorizadas a reanudar sus labores.
En Turquía rige desde la intentona golpista el estado de excepción, que permite a Erdogan gobernar por decreto y que ha sido prorrogado al menos hasta el 19 de julio.
Según datos oficiales difundidos a principios de abril, más de 47.000 sospechosos han ingresado en prisión preventiva desde la fallida asonada militar y decenas de miles de empleados públicos han sido despedidos.
La oposición turca asegura que Erdogan pretende con las detenciones y los despidos combatir no solo a presuntos seguidores de Gülen sino también a detractores de su Gobierno.
