“Voy a demostrar que no estoy para nada involucrado con estos hechos. No voy a renunciar”, ha indicado este jueves el jefe de Estado en una declaración pública hecha en Brasilia, la capital.
Temer realiza este señalamiento un día después de que un diputado del Partido de Trabajadores (PT) presentara oficialmente ante el Parlamento del Brasil una solicitud de juicio político (impeachment) contra el primer mandatario.
Ese mismo día, además, el diario local O Globo reveló que Temer había sido grabado avalando la compra del silencio de Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados, para que no revelase datos sobre la corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
El mandatario, sin embargo, ha negado todas las acusaciones, que ha tachado de“clandestinas”, y ha enfatizado que “no tiene nada que esconder”, además de exigir acceso a todos los vídeos y documentos que lo involucren, hasta el momento sin éxito.
Voy a demostrar que no estoy para nada involucrado con estos hechos. No voy a renunciar”, ha indicado el presidente de Brasil, Michel Temer.
Mientras tanto, el juez del Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil, Edson Fachin, ha autorizado hoy jueves el inicio de la investigación contra Temer por el caso de corrupción Lava Jato, de manera que el mandatario podría enfrentar un juicio político como el que él mismo impulsó contra Dilma Rousseff y que acabó con la destitución de la expresidenta.
Tanto Temer como destacados miembros del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) están siendo investigados por recibir supuestos sobornos, lo que ya había obligado a renunciar a sus cargos por irregularidades a tres ministros del Gobierno actual.
Con este último anuncio del TSF sobre la apertura de nuevas pesquias, otros dos ministros han debido renunciar: el de Ciudades, Bruno Araújo, y el de Cultura, Roberto Freire.
El mandato de Temer, que acaba de cumplir un año al frente del Gobierno, ha estado marcado por críticas a sus medidas económicas y polémicas decisiones, como impulsar una enmienda constitucional que congela el gasto público por 20 años.
