Luego, el mandatario declaró “non grato” a Iván Velásquez y le ordenó salir del país, lo que fue rechazado por la Corte de Constitucionalidad. La crisis política desató protestas contra Morales y la renuncia de dos ministras y varios funcionarios. La Corte Suprema deberá decidir si da luz verde al proceso judicial contra el presidente.
La Corte Suprema de Justicia conocerá este lunes tres de las solicitudes de antejuicio planteadas en contra del presidente Jimmy Morales. El proceso se desarrollará en medio de una crisis de Estado, por la decisión de Morales de declarar non grato al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez.
Uno de los expedientes de antejuicio fue presentado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, que acusan a Morales por el delito de financiamiento electoral ilícito durante la campaña electoral de 2015, cuando ganó la elección presidencial como candidato del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), del cual era secretario general.
Los otros dos expedientes son los planteados por los ciudadanos Alejandro Balsells, Eleonora Muralles, Elvyn Díaz y Gabriel Wer, quienes señalan al mandatario de obstrucción a la justicia y abuso de autoridad al haber intentado declarar no grato al comisionado Iván Velásquez y expulsarlo de Guatemala. El otro es de Acción Ciudadana, por los mismos delitos.
Thelma Aldana, fiscal general del MP e Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, presentaron los resultados de investigaciones que vinculan al mandatario, por el delito de financiamiento electoral ilícito durante la campaña electoral de 2015, cuando ganó la elección presidencial, como candidato del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), del cual era también secretario general.
El Presidente reacciona
La disputa llegó a su extremo el pasado domingo, cuando Morales declaró “non grato” al comisionado Velásquez y ordenó su expulsión “inmediata”.
La intolerancia hacia Velásquez llevó al mandatario a visitar la sede de la ONU el viernes 25 de agosto, para entrevistarse con el secretario general del organismo, António Guterres, y pedir límites a la acción al frente de la Cicig.
La expulsión no se concretó porque la Corte de Constitucionalidad (CC) frenó la medida resolviendo a favor tres amparos provisionales, promovidos contra la decisión de Morales.
Morales, quien al asumir la presidencia el 14 de enero de 2016 se hizo eco del fuerte deseo de la población de acabar con la corrupción, enfrenta, 19 meses después, la posibilidad de una formación de causa por el delito de financiamiento electoral ilícito.
Eventualmente, de perder su inmunidad, una decisión que en última instancia corresponde al Congreso, en caso de que la CSJ decida darle trámite, el jefe de Gobierno tendría que encarar a la Justicia, lo que lo obligaría a renunciar al cargo.
Esto pasó hace dos años con el entonces presidente Otto Pérez Molina, después de que en agosto de 2015, la Cicig y el MP, solicitaran su antejuicio tras vincularlo con una red de defraudación aduanera.
Los dos órganos de investigación presentaron la solicitud contra Pérez Molina el 21 de agosto de 2015, sindicándolo de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
Cuatro días fueron necesarios para que la CSJ resolviera con lugar, lo que motivó al entonces mandatario a dimitir el 2 de septiembre.
No es ésta la única razón que provoca un desgaste entre Morales y Velásquez. En el ámbito familiar hay un proceso que afecta a Morales. Se trata de un proceso penal contra uno de sus hijos y su hermano. Ambos son procesados por un fraude por el cobro de un servicio no prestado en 2013, al Registro General de la Propiedad.
Protestas se intensificarán
Byron Garoz del colectivo Otra Guatemala Ya, explicó que están convocando a los grupos sociales e indígenas para una concentración en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que entrará a conocer el expediente de antejuicio contra el gobernante-
“Estamos convocados a la Plaza de los Derechos Humanos a las once horas para hacer presión y manifestar en la CSJ para que analice las pruebas contra el gobernante, que cumplan con su trabajo y que lo trasladen al Congreso”, afirmó.
Explicó que una de las consignas a exponer será: “magistrados hagan bien su oficio, avance el antejuicio”.
Garoz, subrayó que esperan que los magistrados de la CSJ actúen con objetividad, apegada a derecho y que valoren las pruebas que están incluidas en el expediente que remitió el viernes 25 de agosto el Ministerio Público y la Cicig.
“En el Congreso se dará otra batalla, cuando ingrese la solicitud, porque esto es paso a paso y así nos toca”, afirmó.
El dirigente, advirtió que la batalla en el Congreso, esta complicada y compleja, por el tramite de antejuicio o para improbarlo se necesitan 105 votos, para cualquiera de las dos opciones.
