El Centro de Economía Política Argentina elaboró un informe que refleja como el gobierno nacional de Mauricio Macri frena los conflictos sociales en todo el país. El accionar de las fuerzas de seguridad para reprimir las protestas marcan una tendencia donde Cambiemos intenta contener el descontento de la sociedad causado por las medidas políticas económicas adoptadas.
“Durante el primer semestre de 2017 se registraron 39 hechos represivos hacia los conflictos sociales. De ellos, 18 se llevaron a cabo durante el segundo trimestre”, afirman en el muestro dado a conocer que refleja el respuesta del Poder Ejecutivo ante la demanda de los sectores sociales más vulnerados en los últimos tiempos.
En ese marco, detallaron que “la política represiva no parece concentrarse en un solo sujeto social: la padecieron trabajadores, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios, partidos políticos, mujeres, vecinos, estudiantes, entre otros”.
Entonces relataron que “se reprimió a vecinos que reclamaban asistencia ante las inclemencias climáticas (principalmente inundaciones), a pueblos originarios, a mujeres que se movilizaban en el Día Internacional de la Mujer, a vecinos que pedían justicia por casos de gatillo fácil, a maestros, y a movimientos sociales que solicitaban ayuda habitacional y alimentaria”.
“Mención aparte merece el accionar de la policía bonaerense que no sólo hace víctimas de sus políticas represivas a trabajadores, dirigentes sociales, mujeres y vecinos sino inclusive a estudiantes secundarios y primarios”, aseguraron.
Asimismo indicaron que se trata de “una política de Estado para disciplinar y someter a los chicos a través del miedo, La Red de Madres y Padres Contra la Violencia Institucional hacia las Escuelas, conformada por familiares de jóvenes de diferentes colegios, contabilizó más de 20 casos de violencia policial en escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano en 36 días”.
En ese sentido, contaron que “si se cuentan los abusos policiales en colegios del interior y en universidades nacionales, el registro alcanza los 40 casos. La violencia policial no se circunscribe al espacio público sino que se ejerce dentro de las mismas escuelas”.
“Entre estas prácticas represivas no sólo se encuentra la utilización de violencia física hacia los manifestantes sino también la utilización de las herramientas que les provee la justicia, con una táctica que se profundiza cada vez más: la judicialización de la protesta social”, concluyeron.
