Las mujeres denunciantes tuvieron un total de once hijos con efectivos procedentes de Uruguay, Argentina, Nigeria y Sri Lanka que, al término del despliegue, han regresado a sus respectivos países sin preocuparse de la manutención de la madre o del niño.
En uno de los casos, además, se da la circunstancia de que la mujer tenía 17 años cuando dio a luz, lo que implica un delito de violación conforme al Código Penal haitiano, ha advertido en un comunicado el Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití (IJDH).
“Estas madres y sus hijos han sufrido graves problemas económicos y discriminación. Seis de ellas se han quedado sin casa tras el paso del huracán Matthew en octubre de 2016”, ha explicado el letrado Mario Joseph, de la Oficina de Abogados Internacionales, que trabaja en el caso, según un comunicado.
Joseph ha explicado que, durante los últimos años, se han presentado varias solicitudes formales ante la ONU y el Gobierno haitiano para avanzar en las demandas de paternidad, pero todos los esfuerzos han sido en vano. Tampoco se han traducido en avances prácticos los compromisos de Naciones Unidas y de su actual secretario general, António Guterres, para combatir los abusos sexuales en las misiones de paz.
“La ONU ha tenido una política de ‘tolerancia cero’ durante años, pero en la práctica, la impunidad es la norma. A pesar de los reiterados compromisos, no ha tomado medidas apropiadas para acompañar a las víctimas ni se han adoptado represalias contra los miembros de las fuerzas de paz que han abandonado a sus hijos”, ha lamentado el abogado.
Por ahora, sólo algunas de las denunciantes han recibido ayuda de Naciones Unidas, y mínima. Así, Joseph ha explicado que varias de ellas pudieron trabajar a tiempo parcial para la organización y tuvieron acceso a una prueba genética cuyos resultados nunca llegaron a ver.
Un portavoz de Guterres, Farhan Haq, ha justificado a Thomson Reuters Foundation que la responsabilidad de los menores recae en los supuestos padres, toda vez que “Naciones Unidas por sí sola no puede establecer legalmente ninguna paternidad o medidas de apoyo para los niños”. Cualquier compensación, ha añadido, “es una cuestión de responsabilidad personal que debe ser determinada en procesos judiciales nacionales”.
Los casos de abuso han supuesto una de las muchas sombras que han lastrado la labor de la MINUSTAH, una misión que abandonó formalmente en Haití el pasado mes de octubre, 13 años después de su despliegue. La misión está acusada de introducir la epidemia de cólera que terminó matando a unas 10.000 personas.
La primera misión de los cascos azules llegó a Haití en los años 90 del siglo pasado y desde ese momento se registraron más de 2.000 denuncias contra ellos por abuso y explotación sexual en todo el mundo. En más de 300 de las denuncias las víctimas eran menores.
“Los actos sexuales descritos por nueve víctimas son simplemente demasiados para ser presentados exhaustivamente en este informe, en especial en virtud de que cada una afirma haber tenido múltiples acompañantes sexuales en diversos lugares donde los contingentes de Sri Lanka estuvieron instalados durante años en diversas partes de Haití”.
La evidencia muestra que al menos 134 miembros del contingente de Sri Lanka participaron entre 2004 y 2007 de violaciones, explotación y abuso. Luego de una investigación de parte de la ONU estos fueron retirados de la fuerza, pero ninguno cumplió condena por sus actos. No se tratan de los únicos. Cascos Azules de Bangladesh, Brasil, Jordania, Nigeria, Pakistán y Uruguay también tienen denuncias en su contra.
Los problemas no se limitan a los abusos. Muchas veces las secuelas del abuso se mantienen tiempo después de que los victimarios se han ido. Embarazos no deseados, infecciones de enfermedades de transmisión sexual como el VIH y epidemias de cólera son algunas de las secuelas con las que deben luego lidiar una población que, además, es considerada la más pobre del mundo, donde dos de cada tres haitianos vive con menos de dos dólares al día.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ya se había manifestado en 2015 sobre estos abusos: “Digámoslo con una sola voz: No toleraremos que nadie cometa o consienta la explotación ni el abuso sexual. No permitiremos que nadie tape estos delitos con la bandera de la ONU”. Sin embargo, estos reclamos han caído en oídos sordos. La organización continúa su presencia en la isla y las denuncias siguen apilándose, empeoradas por la falta de información.
La organización no gubernamental Blue Code ha comenzado en los últimos años a mantener estadísticas de los abusos, pero en muchas ocasiones la ONU desconoce los nombres de los oficiales que participan en los contingentes de los cascos azules. La organización registró 145 denuncias solo en 2016.
Los cascos azules se fueron de Haití en octubre. Pero dejaron un tendal de horror y denuncias. Alguien deberá hacerse cargo.
