Tras el traspaso de Ferrobaires a la empresa nacional trenes Argentinos Operaciones (Sosfe), trabajadores denunciaron que no se le había renovado el contrato a 1.500 de ellos.
El decreto en cuestión que suprimió Ferrobaires fue publicado el 22 de enero, y a partir de allí se produjeron movidas en diferentes pueblos que se quedarán definitivamente sin el paso del tren y de personal que perderán su trabajo.
El conflicto llegó a la Legislatura, donde se presentó un proyecto de ley para dar marcha atrás con la medida, y a la Justicia para que se frene el traspaso. Pero nada de eso ha prosperado.
Ferrobaires fue creado en 1993 durante la gobernación de Eduardo Duhalde, luego de que el 10 de julio de 1992 Nación dispusiera la transferencia de los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por la entonces empresa Ferrocarriles Argentinos, a los gobiernos provinciales.
En 2007, la administración de Felipe Solá y el Ministerio de Planificación nacional celebraron un convenio para restituir los servicios de la Provincia a Nación, que nunca se concretó. Recién a mediados de 2016, y tras suspender el servicio por un accidente que dejó varios heridos en Chacabuco, se firmó el acta acuerdo para consumar el traspaso.
Frente a este panorama, el reclamo por el tren volvió a encenderse en el interior y cientos de vecinos comenzaron a movilizarse contra el cierre de los ramales que interconectaban decenas de ciudades y parajes.
Es que Sosfe cubre sólo dos de los siete ramales de larga distancia que antes eran operados por Ferrobaires: Retiro-Junín y Constitución-Bahía Blanca. Y no hay noticias sobre las conexiones restantes, que incluían ramales como los de Tandil y 25 de Mayo, que estuvieron en funcionamiento hasta junio de 2016.
“Los ramales no dejan de existir porque la mayoría tienen tráfico de cargas, no es que levantan las vías pero si dejan de correr los trenes de pasajeros y dejan a pie a un montón de gente del interior”, señaló Norberto Rosendo, presidente de la comisión nacional Salvemos al Tren a FM Futura.
