Los expertos habían declarado bajo juramento que los frenos “funcionaban con normalidad” y que de “acuerdo al estado de las mangas inspeccionadas, las mismas se hallaron en las debidas condiciones de servicio”, lo que apuntaba directamente contra el maquinista Marcos Córdoba.
Fue el motorman que pidió que se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio por parte de los peritos Raúl Díaz, perito de la Corte Suprema de Justicia; Horacio Faggiani, de la Comisión Nacional del Transporte; Alejandro Leonetti, de la Secretaría de Transporte, y Julio Pastine, quien actuó propuesto por la empresa TBA, concesionaria de la línea Sarmiento al momento del accidente, quienes fueron procesados en primera instancia.
Luego, y tras presentar una apelación ante la Cámara Federal, esta les dio la razón confirmando que no mintieron en un fallo que lleva las firmas de Eduardo Farah y Martín Irurzun. El delito de falso testimonio “exige el conocimiento y voluntad de deponer, informar, traducir o interpretar falsamente, apartándose de la verdad –afirmando algo falso o negando lo verdadero-“, aclararon en su dictamen.
Asimismo remarcaron la falta de pruebas y ratificaron que “no bastan para acreditar la hipótesis sobre la que se ha formulado el reproche”. Con esos fundamentos, los jueces Irurzun y Farah revocaron el procesamiento de los peritos que habían concluido que los frenos del “Chapa 16” funcionaban en forma correcta.
