La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, promulgó hoy la ley que obliga a instalar cámaras en cada uno de los 9.000 colectivos que trabajan en el territorio bonaerense y que prevé sanciones para quienes no cumplan con la disposición, según se publicó en el Boletín Oficial.
El decreto 342/18 reglamenta el “establecimiento y regulación de las Cámaras de Seguridad en las unidades de transporte colectivo de pasajeros de jurisdicción provincial y municipal que presten servicios dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires”.
A su vez, designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y al Ministerio de Seguridad, que entre varias funciones deberán “supervisar y controlar el correcto funcionamiento del equipamiento a bordo de las unidades de transporte público y graduar la aplicación de sanciones”.
La ley 14.897 había sido sancionada a principios de 2017 en la Legislatura bonaerense y obligaba a las empresas de colectivos que circulaban por el territorio a instalar cámaras de seguridad.
También preveía inhabilitaciones para aquellas que no cumplieran con la medida, pero ese artículo de la normativa no había sido reglamentado por lo que las empresas no cumplían con la disposición.
De acuerdo al Boletín Oficial, la gobernadora además asigna a la cartera de Seguridad, la responsabilidad de asesorar acerca de las "características técnicas de las cámaras y dispositivos de captación de imágenes" y de precisar la cantidad de equipos y su ubicación en cada unidad de transporte".
El decreto publicado hoy contempla “modificar los plazos fijados para la conservación de las grabaciones" en caso de que sea necesario y el armado de un Protocolo de Actuación para utilizar ante requerimiento de la autoridad pública y/o judicial, además de estipular el tratamiento forense de las imágenes preservadas.
El texto rubrica el anuncio del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, del 16 de abril acerca de otorgar 180 días contados desde la entrada en vigencia de la ley para que las empresas culminen el proceso de readaptación de las unidades de transporte.
Ritondo formuló el anuncio luego de una reunión que mantuvieron en La Plata con las cámaras empresarias del transporte y la conducción de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), tras el crimen del chofer de la línea 620 Leandro Miguel Alcaraz en el partido de La Matanza.
La norma plantea dos etapas para llevar a cabo las modificaciones: una de 90 días para que las empresas completen la readaptación de las unidades de transporte afectadas al servicio nocturno, y otra también de tres meses para que lo extiendan a todas los colectivos de la provincia.
Al anunciar estas medidas, Ritondo informó sobre el otorgamiento de créditos a los empresarios para la adaptación de los micros en los plazos estipulados y adelantó que una vez que los micros cuenten con las cámaras, el ministerio les colocará “botones antipánico sin costo alguno”.
