La causa denominada "Gómez, Miguel Angel y otros" se inició con 82 imputados, entre ellos el genocida Luciano Benjamín Menéndez, pero en la actualidad quedan 66 de aquellos 82, tras el fallecimiento del citado Menéndez y de otros.
El expediente comprende delitos del terrorismo de Estado en perjuicio de 107 víctimas, de las cuales 46 sufrieron diversos abusos sexuales, incluidos 11 casos de violación agravada.
Los hechos investigados ocurrieron entre febrero de 1975 -cuando en Córdoba actuaba el Comando Libertadores de América (CLA, versión cordobesa de la Triple A que operaba en la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército- y abril de 1978, en los centros clandestinos de detención, torturas y exterminio conocidos como D2 (en la sede de Informaciones de la Policía provincial), Campo de La Ribera y La Perla.
Quedan en instrucción "unas veinte causas por violaciones a los derechos humanos y en los casos de abusos sexuales están primeros en la grilla, mas allá de que todas están en instrucción y con distintas pruebas a diligenciarse", explicó Vaca Narvaja.
En un plano más general, estimó que "en dos o tres años" esperan "terminar con todas las causas pendientes por derechos humanos en Córdoba, en la medida que la instrucción lo permita y no se agreguen nuevas causas".
En la búsqueda de acelerar la instrucción y la elevación a juicio de las causas pendientes, Vaca Narvaja deploró que "desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación" les "están quitando recursos".
En el Juzgado Federal 3, contaban con una persona que los estaba ayudando mucho con la digitalización de las causas, pero desde la Secretaría "le revocaron el contrato", citó como ejemplo y agregó que también "redujeron (el presupuesto de) el Equipo Argentino de Antropología Forense".
Por su parte, la fiscal federal Graciela López de Filoñuk, a cargo de la instrucción, destacó que en esta causa se ha considerado la especificidad del abuso sexual como delito de lesa humanidad, en casos anteriores encuadrados como "tormentos agravados".
Dijo además que será un proceso judicial "paradigmático" y que, si bien "no va a revelar nada nuevo, porque en causas anteriores se habló de los abusos sexuales, el haber sacado a este tipo de delitos del contexto de tormentos calificados, para llevarlo como delito autónomo dentro de todo lo que la víctima sufrió, para las víctimas significa mucho".
"Ya no consideramos que la violación sea producto de la desviación depravada del autor únicamente, porque si bien existe un deparavado, el resto consideraba que era normal el violar, el tocamiento, los actos indignos que se cometieron sobre todo contra las mujeres, aunque también contra los hombres" en cautiverio en centros clandestinos, dijo.
La fiscal destacó que considerar la especificidad de los abusos sexuales como delitos de lesa humanidad "es un gran avance" y lamentó que "no se lo trató así desde el comienzo".
En relación a las víctimas ya fallecidas, explicó que si "testigos" le dicen que "fue violada y murió en cautiverio, ya sea fusilada o desaparecida", promueve igualmente "acción penal", dijo la representante del Ministerio Público Fiscal.
"Si la víctima que me dicen los testigos que fue violada salió del campo de concentración y vivió mucho tiempo y después murió por causas naturales y nunca me lo vino a decir, yo no promuevo la acción penal porque interpreto que la voluntad de esa víctima era que no se investigara y yo priorizo a la victima", aclaró.
Las mujeres fueron "las más castigadas sexualmente, vejadas permanentemente, en definitiva cosificadas, eran una cosa, y pongo de relieve el testimonio de las mujeres porque fueron muchos más sinceras que los hombres, porque hay los que fueron violados pero no lo dijeron", acotó.
"Ellos tomaban posesión de las personas, decidían sobre la vida y la muerte y si podía decidir matarlas, quitarles la vida, por qué no violarlas, ya que eran los dueños de los cuerpos", reflexionó la fiscal.
