El principal sospechoso del feminicidio de Cristina Siekavizza es su esposo, Roberto Barreda de León. Según la legislación guatemalteca, la pena máxima por femicidio es de 50 años de cárcel.
Para la representante de Voces por Cristina, Mafer Gallegos, existen acciones que han impedido que se avance y se lleve a juicio Roberto Barreda. Aunque no han hallado el cadáver de la mujer, sus familiares están convencidos de que fue asesinada.
"Estamos frente a personas que saben cómo se manipula la justicia y que tienen contactos que conocen las debilidades del sistema", señala Gallegos.
Según datos presentados por Gallegos sobre el caso, el testimonio de la empleada doméstica de la familia Barreda Siekavizza, Olga Say, es clave, pues ella asegura que Roberto Barreda agredió físicamente a su esposa Cristina Siekavizza hasta matarla.
Sin embargo, las acciones emprendidas por Barreda y su madre, Beatriz Ofelia de León, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) han impedido que se haga justicia en el caso y el proceso se mantiene estancado desde finales de 2017.
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Guatemala: Feminicidios que se acumulan
Según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), divulgados en 2017, Guatemala está entre los cinco países de Latinoamérica con mayor tasa de violencia contra la mujer.
Además, cifras del Ministerio Público revelan que solo entre enero y octubre de 2017 fueron asesinadas 877 mujeres en ese país, mientras que en ese mismo periodo de tiempo, el MP registró 10.963 denuncias por abuso sexual.
En enero de 2018, los casos de femicidios en Guatemala aumentaron en un 34,4 por ciento, pero aún así la Corte de Constitucionalidad (CC) decidió declarar inconstitucional parcialmente el artículo 6 de la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer que contempla entre otras cosas no concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo a los victimarios.
Según la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), la nueva resolución constituye un retroceso en todo lo referente a la violencia contra la mujer, pues avala la reducción de las penas que sean por feminicidio.
Además, Seprem considera que la nueva ley puede convertirse en un pretexto para que el asesinato de mujeres en Guatemala quede impune.
