El paro total de actividades -primero que protagonizan los trabajadores de prisiones en cuatro décadas de democracia española- se realizará los días 24 y 26 de octubre y el 6, 8, 13 y 15 de noviembre, confirmaron este martes las asociaciones obreras.
En esa línea, llamaron a los 25 mil trabajadores de las cárceles a secundar la iniciativa, tras calificar de 'ninguneo' y 'engaño' la postura del Ministerio del Interior, que puso sobre la mesa una oferta económica y tres días después la retiró.
Según denunciaron, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, retiró de forma unilateral la oferta salarial que les planteó de una subida media mensual de 375 euros lineales al conjunto de la plantilla, a hacerse efectiva en un período de tres años.
El ofrecimiento fue retirado el pasado miércoles porque la partida económica necesaria -unos 122,6 millones de euros- no fue autorizada, una marcha atrás con la cual el personal se siente engañado y defraudado, enfatizaron los gremios.
'Somos los grandes olvidados siempre de los presupuestos y vamos a intentar no serlo', defendió Adolfo Fernández, responsable de CSIF, uno de los cinco sindicatos promotores de la protesta junto a CC.OO., Acaip, UGT y CIGO.
Reclamó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el mismo trato hacia los funcionarios de prisiones que el recibido por policías y guardias civiles en sus reivindicaciones salariales.
Las organizaciones solicitaron una reunión urgente con Grande-Marlaska y advirtieron que se encadenarán el día 17 frente a las puertas de su ministerio si no se sienta a negociar una salida al conflicto.
A juicio de Antonio González, dirigente de UGT, la oferta presentada por el departamento de Interior era un buen punto de partida para negociar.
Además del aumento de sueldo lineal en los venideros tres años, la propuesta contemplaba la demanda histórica de reducir la brecha salarial al rebajar las nueve categorías profesionales a tres, subrayó.
'Dependiendo de en qué cárcel trabajes puede haber una diferencia salarial de 700 euros y esto genera mucho malestar en el interior de las plantillas', reprochó González.
Las centrales obreras que convocaron a la medida de fuerza representan al 97 por ciento de la nómina de trabajadores de unas 80 penitenciarías de toda España (excepto la región de Cataluña).
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