La nueva ley fue aprobada por 46 votos a favor y 40 en contra, y se aplicaría especialmente a los palestinos que durante los últimos años se han declarado en huelga de hambre en rechazo los cargos por cometer supuestos delitos contra la seguridad del Estado.
Algunos de estos reos se encuentran bajo detención administrativa, que le da derecho a Israel a encarcelar a personas por seis meses renovables de forma indefinida sin acusación ni juicio, y sin mostrar al reo pruebas de lo que se le acusa.
La Asociación Médica de Israel asegura que la alimentación forzada es “una forma de tortura” que representa un riesgo para la salud de los prisioneros. Asimismo instaron a los médicos a no cumplir con esta ley. Entre tanto, el jefe de la Sociedad de Prisioneros Palestinos (SPP), Qadura Fares, calificó esta disposición como “racista” y violatoria del derecho internacional.
