Refiriéndose a la difusión de un informe de 525 páginas emitido por el Senado estadounidense sobre las torturas de la Agencia Central de Inteligencia de USA (CIA, por sus siglas en inglés), HRW ha reprochado este martes el hecho de que, pese a los detalles facilitados, con los que la Casa Blanca contaba con suficientes evidencias para abrir un caso criminal contra la Inteligencia norteamericana, se abstuvo de hacerlo.
Ya ha pasado un año desde la divulgación del informe de tortura del Senado (…) Y todavía la Administración de Obama no ha abierto una nueva investigación acerca de las torturas de la CIA”, ha indicado Kenneth Roth, director ejecutivo del HRW.
Recordar que el documento fue aprobado a finales de 2012 por el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos y su difusión al público fue autorizada en abril de 2014.
“Ya ha pasado un año desde la divulgación del informe de tortura del Senado (…) Y todavía la Administración de Obama no ha abierto una nueva investigación acerca de las torturas de la CIA”, ha indicado Kenneth Roth, director ejecutivo del HRW.
A su juicio, la apertura de una investigación criminal podría contribuir a la eliminación de la tortura como una opción política.
En el mismo contexto, Laura Pitter, de HRW, al resaltar el carácter criminal de tales actos, ha advertido de que la nueva Administración de Estados Unidos podría utilizar nuevamente las mismas tácticas.
La oenegé pro derechos humanos pide una investigación contra 21 exfuncionarios del país, incluido al expresidente George W. Bush, por una posible conducta delictiva respecto a su papel en las torturas que cometió la CIA contra los detenidos sospechosos de terrorismo.
Entre otros exfuncionarios figuran el exvicepresidente Dick Cheney; el exjefe de la CIA George Tenet; el ex fiscal general John Ashcroft; y la exasesora de Seguridad Nacional Condoleezza Rice; todos servían durante los mandatos de Bush (2001-2009).
El pasado abril HRW lanzó una campaña para instar a Obama a iniciar una exhaustiva investigación criminal sobre las torturas de la CIA y otros abusos autorizados por Bush.
Y el pasado junio, HRW, Amnistía Internacional (AI) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) enviaron una misiva a la nueva fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, en la que le urgieron a investigar el programa de torturas de la CIA.
