"Bajo el pretexto de la comisión de delitos de lesa humanidad" -argumenta la entidad- a los condenados e imputados por esos crímenes "se les ha negado el beneficio de la detención domiciliaria y de una asistencia médica elemental", además de mantenérselos "en prisión provisional, sin condena".
Según informó en marzo de este año la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, sin embargo, de un total de 2.354 imputados en 526 causas activas, se encontraban detenidos el 48 por ciento (1.065 en total) y en la cárcel 590, mientras que otros ocho estaban en dependencias de fuerzas de seguridad, nueve en hospitales y de otros doce se carecía de datos, en tanto que 446 cumplían la prisión en su domicilio.
Por su parte, el documento de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia sostiene que en los últimos años, a raíz de la reanudación de los juicios por crímenes de lesa humanidad, 1.435 personas fueron privadas de su libertad hasta el momento y de ellas 248 llevan más de tres años con prisión preventiva y 360 murieron "en cautiverio".
También sostiene que "en la última década se ha hecho una seria discriminación en detrimento de los hombres que llevaron a cabo la represión contra el terrorismo, quienes, aunque incurrieron en excesos y extralimitaciones inadmisibles, recibieron en todos los casos penas gravísimas".
En una recreación de la llamada doctrina de los dos demonios, agrega que "a los responsables del terrorismo se los ha colmado de honores y en muchos casos se los premió con cargos públicos e indemnizaciones".
Acompañada por primera vez por una docena de juristas sin previa vinculación conocida con ella, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia expresó también que el actual gobierno y una dirigencia política "despojada de la ideología y de la instrumentalización política del odio y de la venganza que caracterizaron a los años precedentes, constituyen una esperanza para que restauren la concordia y la plena vigencia de los principios y contenidos del orden jurídico".
Según informó el matutino La Nación, firman el texto los juristas Juan Ramón Aguirre Lanari, Julio E. Altamira Gigena, Jaime Anaya, Gregorio Badeni, Alberto Bianchi, Juan Carlos Cassagne, Iván José María Cullen, Siro M. A. De Martini, Daniel Funes de Rioja, Guillermo Ledesma, Roberto Luqui, Daniel Sabsay, Alfonso Santiago y Jorge Vanossi. Tal vez por el acompañamiento de los mencionados juristas, esta vez la Asociación evitó llamar "presos políticos" a los represores encarcelados, como lo hizo en documentos anteriores o en su última asamblea anual en noviembre de 2015.
En aquella reunión del año pasado, el presidente de la Asociación, Alberto Solanet Estrada (foto), hermano de un permanente colaborador y funcionario de las últimas dictaduras, llamó a "derogar y reemplazar la legalidad desprovista de legitimidad que angosta y asfixia a la patria" (sic) y Alberto Rodríguez Varela, ex ministro de Justicia del genocida Jorge Rafael Videla, lamentó que en 2003 "se abandonó la bandera de la concordia de Alfonsín y Menem" (en alusión a las leyes de Obediencia Debido y Punto Final y a los indultos).
En esa misma asamblea, Ricardo Saint Jean, hijo del fallecido funcionario de la dictadura Ibérico Saint Jean, afirmó que "la Corte Suprema debe abandonar la jurisprudencia fijada por el fallo 'Arancibia Clavel'", que en 2004 declaró imprescriptibles los delitos de lesa humanidad".
También en la asamblea de 2015 de la citada Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, Lucrecia Astiz, hermana del condenado represor de la dictadura Alfredo Astiz, agradeció a los abogados de la entidad su apoyo a los "secuestrados políticos", como calificó a los imputados y condenados por los crímenes del terrorismo de Estado.
