El paquete legislativo de la reforma de la Carta Orgánica del Ministerio Público Fiscal impulsado por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, tiene un objetivo fundamental: acorralar a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Pero la discusión de fondo para el macrismo también es intervenir en las dependencias claves de la Procuración que podrían exponer o exponen al macrismo. Uno de ellos es la participación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en la elaboración de informes en la causa a cargo del fiscal federal Federico Delgado, que tiene como objeto de investigación la “omisión maliciosa” del presidente en su declaración jurada de un grupo de empresas fantasmas en paraísos fiscales.
En uno de los informes solicitados por el juez federal Sebastián Casanello, la Procelac determinó que “los números del patrimonio del presidente Mauricio Macri son inconsistentes y contradictorios.” El macrismo vería con buenos ojos el descabezamiento de la Procelac para entorpecer la investigación federal que preocupa al entorno presidencial.
El proyecto legislativo elaboró un apartado para eliminar a los titulares de las procuradurías especializadas que no se encuentren bajo la línea política de Cambiemos. Se pone como requisito ser fiscal general y tener cinco años de antigüedad en el cargo, requisito que deja automáticamente a todos los titulares de las procuradurías afuera de su cargo (exceptuando al titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Jorge Auat). Entre ellos, a los actuales titulares de la Procelac, los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta.
No investiguen más a la policía
Hace apenas doce días, Gils Carbó, junto a representes de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), recibió a los integrantes del colectivo La Garganta Poderosa, Ezequiel Villanueva Moya (15) e Iván Navarro (18), que fueron torturados por efectivos de la Prefectura. Los hechos de torturas sobre dos militantes políticos de la Villa 21.24 de Barracas fueron silenciados por el Ministerio de Seguridad.
La violencia y la persecución política por parte de las fuerzas de seguridad aumentan día a día. La misma semana que transcendieron estos hechos, se conoció el secuestro y la tortura de Iván Franco, un dirigente político del Movimiento de Unidad Popular en la provincia de Santa Fe.
Unos días antes se conoció la detención de casi 10 militantes kirchneristas en la CABA por pintar un mural con contenido político. Por esas mismas horas, se conocía la noticia de un militante sindical de UPCN con una herida grave por un balazo de plomo de la fuerza de seguridad de Neuquén.
En el marco de esta actuación policial, el proyecto legislativo del Ejecutivo desplaza al fiscal Miguel Palazzani, titular de Procuraduría de Violencia Institucional. La única fiscalía especializada en el país que lleva gran parte de los abusos y hechos delictivos cometidos por las fuerzas de seguridad y de los delitos cometidos por agentes penitenciarios en cárceles. El mensaje del macrismo sería poner un fin al cuestionamiento de la actuación policial.
La fiscalía especializada fue creada en el año 2013 como “una adecuación institucional para el impulso de las acciones penales y la orientación de las investigaciones y juzgamiento de los delitos consumados mediante violencia institucional, que tienen como víctimas principalmente a personas en estado de vulnerabilidad.”
El macrismo sin embargo tiene nuevos horizontes para la dependencia del Ministerio Público. Según el articulo 24 del proyecto oficialista la Procuraduría especializada debera además rendir cuentas de lo que hace al Consejo de Seguridad Interior conformado por autoridades de seguridad, nacionales y provinciales, y jefes de las fuerzas policiales a los que la Procuvin puede investigar y denunciar por violencia policial o corrupción institucional.
Pueblos originarios “terroristas”
El proyecto del poder ejecutivo también prevé la creación de una Procuraduría de Terrorismo, en el marco del lineamiento del Ministerio de Seguridad de trasladar la agenda norteamericana al ámbito local para intervenir y paralizar el conflicto social.
El Ministerio de Seguridad ha declarado que sigue con “atención” el conflicto de la comunidad Mapuche perseguida en Esquel, Chubut.
Para Pablo Noceti, Jefe de Gabinete de la cartera de seguridad, “la comunidad mapuche” atemoriza al resto de la población cometiendo un claro “delito federal”.
No sería raro, que el poder ejecutivo expanda los “perfiles terroristas” de los pueblos originarios a esta nueva procuraduría especializada en terrorismo que actuaría sobre la Justicia Federal.
(APU)
