El fallo condenatorio rechazó el pedido de prescripción formulado por la defensa del acusado, al considerar que los hechos juzgados fueron crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles.
Ramírez fue condenado como "coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencia o amenazas en concurso real con el delito de tormentos, agravados por resultar las víctimas perseguidos políticos en concurso material con homicidio calificado, por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas".
Durante la audiencia de hoy, antes del veredicto, el acusado declinó utilizar el derecho a pronunciar unas últimas palabras y sólo exclamó de pie: "¡No tengo nada más que agregar ni decir!".
El fiscal Juan Martín Nogueira y las querellas habían solicitado la pena de prisión perpetua para Ramírez, mientras que su defensa pidió la absolución invocando la ley de Obediencia Debida y con el argumento de que los delitos que se le imputaron "ya prescribieron".
Nogueira, al alegar, dio por probado que, entre el 26 y el 28 de enero de 1977 se dispuso el supuesto traslado al Regimiento 7 de La Plata de tres presos políticos alojados en el llamado "Pabellón de la Muerte" de la unidad carcelaria número 9 de La Plata: Ángel Georgiadis, Horacio Rapaport y Julio César Urien; traslado que fue efectivizado por Ramírez, cuya firma consta en las actas respectivas.
Destacó que los detenidos sabían que sus vidas estaban en peligro porque sus compañeros Dardo Cabo y Rufino Pirles ya habían sido asesinados, además de haber sido amenazados en la oficina de la jefatura del penal, advirtiéndoles que, por cada efectivo que cayera, serían asesinados cinco de ellos (los presos políticos).
Durante esos días, la madre de Urien, Susana Trotz, contactó al ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, e invocando que su padre había sido general del Ejército y subjefe de la Policía Bonaerense, hizo gestiones que derivaron en el traslado de su hijo desde su reclusión ilegal en el Regimiento 7 al penal de Sierra Chica.
Según la fiscalía, Georgiadis y Urien iban a ser fusilados, pero ante las negociaciones de la madre de éste último, se decidió reemplazarlo por el detenido Rapaport.
Georgiadis y Rapaport fueron asesinados, pero a sus familias se les informó, en el caso de Georgiadis, que se había suicidado y, en el caso de Rapaport, que había resultado muerto al intentar fugarse, y se les advirtió que no debían abrir sus ataúdes por ningún motivo.
Tras el veredicto, María Teresa Piñero, viuda de Georgiadis, dijo a Télam que "me gustaría que mi marido esté vivo, pero se hizo justicia" y añadió que "este hombre está implicado, era un mayor en el Regimiento 7 que era parte del plan sistemático de exterminio, y formaba parte del comando de operaciones tácticas".
"No es menor que un mayor los haya ido a retirar, sino hubiera ido un 'pichi'", afirmó y evaluó que "este tipo, porque no es un señor, sabe quién los mató, lo que pasó, y nosotros no lo sabemos".
Sostuvo que "yo quiero saber de qué murió mi marido, qué es lo que dijo cuando murió, qué día y a qué hora, si le hicieron autopsia; yo me lo pregunto todos los días" y agregó que "de a poco nos vamos acercando porque ya hubo condena para los penitenciarios, que no fueron los que los mataron pero hicieron otras torturas".
En esa línea, Susana Quiroz, viuda de Rapaport, explicó a esta agencia que "se hizo justicia, esto significa poder conservar la memoria de nuestros compañeros que fueron asesinados" y planteó que "este es un día muy especial". "La querellante es mi hija, Soledad Rapaport, quien no está hoy acá porque no puede. Yo lucho por el tema de la memoria y esta condena me deja tranquila. Había una cúpula de cuatro y él era integrante de eso. No puede decir que no sabía para qué retiraba a los presos de la cárcel encapuchados", concluyó.
