La Legislatura provincial de Jujuy conformó ayer una comisión para evaluar el pedido de juicio político presentado por Milagro Sala y el diputado de su espacio, Juan Manuel Esquivel, contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Clara de Langhe de Falcone, a quien acusan por "incumplimiento de los deberes de su cargo".
La presentación se dio el mes pasado a raíz de la publicación en el diario Página/12 de los mails que un abogado -que trabajó en el equipo del gobernador Gerardo Morales durante el juicio contra Sala por el escrache de 2009- le envió a Falcone y al fiscal de estado, Mariano Miranda. En ellos les solicita una reunión para coordinar cómo poner en contacto a los comisionados de la CIDH, que visitarán el país próximamente, con las personas que denuncian haber sido amenazadas y atacadas por Sala.
“La idea es que cuando se presente la Comisión Interamericana puedan recibir el testimonio de las personas que han sufrido algún modo de coerción o trato degradante por parte de Milagro Sala que justifique el mantenimiento de su prisión preventiva”, escribe el letrado según el mail que publicó en un artículo el periodista Horacio Verbitsky.
Esto fue tomado por la defensa de Sala como una muestra de “connivencia” entre el poder Ejecutivo y el Judicial. La propia Sala, como diputada del Parlasur y el legislador de su partido, el Frente Unidos y Organizados (Fuyo), Juan Manuel Esquivel, presentaron en la legislatura el pedido de juicio político contra Falcone que hoy se activó al quedar constituida una comisión para poner en marcha una investigación; un procedimiento que tiene como fin la destitución de Falcone de su cargo.
Según explicó Esquivel entienden que la magistrada "no sólo estaría incurriendo en falta de imparcialidad en su actuación como magistrada", sino que también puso "en peligro la independencia del Poder Judicial al aparecer como instruida por un asesor del gobernador Gerardo Morales para desarrollar una tarea que le es propia y excluyente”.
Falcone, quien preside el Tribunal desde enero de 2016, aún no hizo declaraciones sobre el tema. Mientras tanto desde la fiscalía de Estado, a través de un comunicado, desmintieron las conjeturas realizadas por el entorno de Sala y sostuvieron que existe una "cooperación, de buena fe, con los organismos internacionales para la solución de la controversia".
"Resulta imprescindible para todos los poderes públicos de la Provincia coordinar, en un marco de transparente acceso a la información, los detalles acerca de la mejor manera de suministrar toda la documentación disponible a dichos organismos, de forma de que cuenten con la mayor cantidad de elementos para conformar su propia opinión", explicó Miranda, y agregó: “Por ello, se ha solicitado a la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia intercambiar opiniones sobre el modo que se entregará la información (copias de los expedientes, resúmenes, listados de todas las personas que han declarado, entre otros), o las reuniones con organismos, asociaciones, jueces, fiscales, testigos, denunciantes o víctimas".
Esto ocurre en medio de las presiones internacionales y nacionales por la liberación de Sala y durante la espera de la llegada de los comisionados de la CIDH al país.
