La Sala II de la CFCP señaló que en los últimos tres años fue postergando dos veces el inicio del debate oral y público, y que “todavía las víctimas y los familiares de la causa siguen esperando ansiosamente un juicio”.
Esta causa investigó el funcionamiento de un centro clandestino de detención (CCD) en el mismo predio de la planta de Ford en Pacheco, que fue utilizado por los represores tras el golpe del 24 de marzo de 1976, en uno de los casos considerados emblemáticos de la responsabilidad empresarial en crímenes del terrorismo de Estado.
Los secuestros en la Ford se produjeron por oleadas desde el 24 de marzo, se extendieron durante unos dos meses y abarcaron a delegados gremiales y otros trabajadores que, en su gran mayoría, pasaron por el "quincho" de la Ford en la planta de Pacheco y luego por un circuito represivo que incluía la comisaría de Tigre.
Entre los procesados por el secuestro y desaparición de 24 trabajadores de la empresa se encuentran el ex gerente de la automotriz Pedro Müller y el ex jefe de seguridad de la planta de Pacheco, Héctor Sibilla, mientras que el también acusado ex gerente de Relaciones Laborales, Guillermo Galarraga, murió en 2016.
El fallo de la Sala II de la Casación, firmado por los camaristas Pedro David, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, tomó en cuenta que el TOF 1 de San Martín hace tres meses suspendió por última vez el juicio cuyo comienzo había fijado para la semana pasada. Los camaristas recordaron que “esta es la segunda oportunidad en que se suspende la realización del juicio” oral y que “más de dos años han pasado desde la fecha fijada inicialmente", julio de 2014.
También apuntaron que ya habían exhortado al TOF 1 de San Martín "a agilizar el trámite y realizar los debates en los distintos tramos elevados a juicio, originados en la causa Nº 4012 ‘Campo de Mayo’", entre ellos el que investigó los crímenes de los que fueron víctimas trabajadores de la Ford.
En el mismo sentido, la Sala II recordó “la vocación aplicativa de lo dispuesto por esta Cámara en la Acordada Nº 1/12, en orden a la necesidad de realizar la justicia bajo resguardo del debido proceso, en el menor tiempo posible y teniendo en cuenta las características que revisten causas de lesa humanidad como la especie”.
Los hechos por los que están imputados los hoy ex directivos de Ford fueron denunciados incluso durante la vigencia de las llamadas leyes de impunidad y en 2002 el fiscal Felix Crous pidió la apertura de la causa, pero pasaron más de diez años hasta que la justicia procesó a tres directivos vivos de la planta, uno de los cuales falleció el año pasado sin ver el comienzo del juicio todavía demorado.
