El Gobierno argentino aprovechó para presentarle a la CIDH la iniciativa “Justicia 2020”, lo que hizo personalmente su coordinador, el jurista Ricardo Gil Lavedra (foto). La CIDH hizo hincapié en una “preocupación” que "va más allá de Argentina", y que tiene que ver con asociar al "migrante con la delincuencia", lo que contribuye a la "estigmatización o xenofobia".
Al iniciarse esta mañana el período de sesiones de audiencias públicas de la CIDH, el primer debate fue sobre las "denuncias sobre represión de la protesta y de la sindicalización en la provincia de Jujuy" y la situación de Milagro Sala, el segundo sobre los "cambios normativos en materia migratoria en la Argentina".
Hace unos días, la CIDH dio a conocer su "preocupación" por la norma que firmó el presidente Mauricio Macri a fines de enero con el objetivo de impedir el ingreso al país de personas vinculadas con delitos y fraudes destinados a evadir controles fronterizos.
El primer debate fue solicitado por el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza de San Pedro (Soea, La Esperanza) y el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma de Jujuy (Soeail); además del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones.
La semana pasada, la canciller Susana Malcorra aseguró que el decreto sobre migraciones de la Casa Rosada "no plantea una Argentina xenofóbica" y enfatizó que el Gobierno irá a la audiencia del lunes a defender la normativa.
En defensa de sus políticas de derechos humanos y migraciones, el gobierno argentino, a través del coordinador general de la iniciativa “Justicia 2020”, Ricardo Gil Lavedra, presentó a la CIDH las iniciativas que conforman el programa de modernización judicial.
Gil Lavedra expresó que Justicia 2020 nació de una importante demanda social que exige mejores respuestas de parte de las instituciones judiciales y que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
“La corrupción reclama Justicia y la inseguridad reclama Justicia”, expresó, y pasó a explicar que Justicia 2020 ha incorporado técnicas de Gobierno Abierto al diseño de políticas públicas en materia de Justicia.
“Las discusiones se dan a través de una plataforma digital que generó un proceso participativo inédito, puesto que congrega aportes de instituciones gubernamentales, operadores judiciales, asociaciones civiles, ciudadanos y ONG”.
“Las reformas de la Justicia no son para los jueces, no son para los empleados, no son para los abogados, siempre son para los ciudadanos”, destacó.
Simultáneamente, el gobierno argentino defendió ante la CIDH su política de derechos humanos y de “respeto a la libertad de expresión.
“Estamos avanzando fuertemente en el cumplimiento de los derechos humanos para toda la sociedad argentina. Hay un compromiso asumido por el presidente (Mauricio Macri) de trabajar en la construcción de una sociedad que se basa en el respeto, la convivencia y la inclusión, camino que transitaremos respetando los estándares internacionales de derechos humanos y libertad de expresión”, destacó en su exposición el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, que encabezó la delegación del Estado argentino.
De la audiencia también participaron el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, y Ramiro Tizón, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura jujeña.
“Acá hay una intolerable situación de persecución en Jujuy contra toda forma de protesta por parte de un gobierno que quiere ser juez y parte”, dijo el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, quien denunció un “divorcio alarmante entre lo que se dice y lo que se hace: el discurso es de respeto a los derechos humanos, pero la práctica es de represión y violencia”.
En respuesta a este planteo, Avruj ratificó que “no hay una disociación entre lo que planteamos, los objetivos que queremos lograr y lo que hacemos" e insistió con que "somos una sociedad respetuosa de sus derechos en el más amplio sentido”.
Entre otros reclamos, los peticionantes plantearon que “se somete a los trabajadores a procesos penales por defender sus derechos laborales”, que se “condena a las organizaciones sociales que protestan y se suspenden sus derechos civiles y democráticos” así como que el código contravencional aprobado en la provincia “vulnera el derecho a la protesta social”.
En defensa de la postura oficial, el fiscal Miranda sostuvo que en Jujuy “está garantizado el manifestarse públicamente y el derecho a peticionar” y que “no existe mecanismo legal ni de facto que criminalice la protesta social”.
Además, el Estado nacional defendió ante la Comisión su política migratoria, y afirmó que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó aspectos de la Ley de Migraciones busca garantizar la "regularidad migratoria” y no es "contra los migrantes irregulares”.
“Nosotros trabajamos sobre la regularidad migratoria, no contra los migrantes irregulares”, dijo Avruj, que estaba acompañado por el director y el vicedirector de Migraciones, Horacio García y Julián Curi.
Las organizaciones reclamantes acudieron a la CIDH para denunciar el DNU 70/2017 del 20 de enero, al que consideraron “restrictivo de los derechos humanos” para los migrantes, sobre todo para “los que están en situación de pobreza” y “tiene como regla la privación de la libertad”.
A su favor, el Estado precisó que durante el año pasado, “215 mil personas obtuvieron la radicación en Argentina, 92 de los cuales estaban ya en el país en una situación totalmente irregular”, y consignó que, en los tres meses que lleva de implementación del decreto, fue regularizada la situación de "48 mil migrantes".
Además, según dijo Avruj, el DNU en cuestión "asegura a los migrantes la amplitud de derechos civiles, sociales y culturales, al igual que hace con los nacionales", sólo que "enfocándose en el cumplimiento de las leyes”.
Por su parte, el director general de Migraciones, Horacio García, indicó que, a futuro, serán abiertas cuatro delegaciones en la provincia de Buenos Aires -el distrito que recibe la mayor afluencia de migrantes- para contribuir a la regularización, y señaló a esa medida como una muestra del espíritu “abierto” de la política oficial de migraciones, mientras que en el resto del mundo “las fronteras se cierran”.
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que expusieron ante la CIDH destacaron que los inmigrantes que son parte de la población carcelaria se mantuvieron en los mismos porcentajes en los últimos diez años, entre un 5 y un 6 por ciento, la mayoría por delitos leves.
“Atribuyen a los inmigrantes la responsabilidad sobre la inseguridad”, dijo uno de los expositores de las OSC en representación de los inmigrantes, y señaló que el decreto “persigue, y criminaliza a los inmigrantes”, generando “racismo institucional”.
Incluso, planteó que se usa a los inmigrantes “como excusa a políticas ineficientes”, y que se convierten las fronteras en “trincheras”.
Avruj explicó que el Estado trabaja para “mejorar los controles en la frontera e impedir la permanencia de quienes la hayan violado", algo que, aclaró, "es estado de derecho, y no persecución de migrantes”.
La CIDH hizo hincapié en una “preocupación” que “va más allá de Argentina”, y que tiene que ver con asociar al “migrante con la delincuencia”, lo que contribuye a la “estigmatización o xenofobia”.
