Nicolás fue internado en el hospital producto de una herida en un hecho de inseguridad en una pierna; de allí lo trasladaron a la clínica que le correspondía por PAMI donde sus familiares denuncian que fue destratado, sino maltratado hasta morir.
La historia de Nicolás se multiplica ni bien uno comienza a hurgar en el tema, y algo similar pasó a sus familiares cuando abrieron una cuenta en la red social Facebook contando su historia.
Nicolás murió (o fue asesinado, como sostienen sus familiares) en la Clínica Colón, un oscuro lugar de aún más oscura historia que incluso estuvo cerrado años atrás envuelto en situaciones similares.
Lo preocupante es que esta situación también se vive en otros centros de tratamiento de adultos mayores de PAMI, por ejemplo el Sanatorio Burzaco, donde los abuelos se quejan permanentemente de los malos tratos que reciben y familiares de ancianos muertos denuncian hechos terribles.
Todo esto ocurre mientras desde el Estado, quienes deberían ocuparse de controlar que esto no ocurra miran para otro lado.
Solo por dar un ejemplo, la administración de Carlos Regazzoni, ex candidato a intendente del PRO en Almirante Brown y ex segundo de Esteban Bulrich en CABA, quitó la gratuidad a los jubilados que perciban más de una jubilación mínima y media, algo asi como mueve mil quinientos pesos alegando que había mucho abuso y se facturaban remedios de más.
Sin embargo Regazzoni jamás se preocupó por asegurarse que los empresarios que atienden a los abuelos realicen las prácticas y análisis que facturan (algo denunciado por familiares de las víctimas de la Clínica Colón.
Maltrato, amenazas, análisis que no se realizan, diagnósticos que se modifican de acuerdo a los estados de los enfermos, falta de personal, falta de capacidad y predisposición del personal existente, falta de supervización de la dirección (cuando Reporte Sur pretendió escuchar la campana del director de la Clínica Colón, doctor Ezcurra, obtuvo como respuesta un “viene cuando quiere porque es el dueño” como si ser propietario de la Clínica hiciera innecesario cumplir sus otras responsabilidades como director de la misma) y podríamos seguir enumerando irregularidades que, al costar vidas de personas se tornan de una gravedad extrema.
Todo esto nos lleva a pensar, dada la cantidad de casos que se dan, que podría tratarse de un modo organizado de trabajo, que todo este abandono criminal de nuestros mayores no sería una casualidad sino un fin en si mismo que empresarios inescrupulosos usarían para aumentar sus ganancias y el Estado permitiría para para reducir la cantidad de asignatarios de la pensión de retiro.
Que se trataría de un genocidio silencioso perpetrado, como suele ocurrir, sobre los más débiles, los que menos pueden defenderse.
Aquellos que han llegado a una edad en que se tutean con la muerte.
Y esto no puede ser.
