La denuncia quedó a cargo del juez federal Roldolfo Canicoba Corral, quien tendrá que dar vista a la fiscalía y decidir luego si se abre o no una investigación. Los denunciantes remarcaron la existencia de "un pacto de silencio" entre los gendarmes que intervinieron en el operativo en el que se sospecha Maldonado fue víctima de una "desaparición forzada", al que "se han sumado una ristra de expresiones de encubrimiento, de opacidad discursiva, emanadas de las máximas autoridades del Gobierno Nacional aquí denunciadas", describe el escrito al que accedió Télam.
El Gobierno nacional "persiste en la negativa, trazando relatos ficcionales y, como siempre en los períodos de excepcionalidad institucional, intentan culpabilizar a la víctima", sostiene la presentación.
La denuncia fue presentada por Graciela Rosenblum y José Schulman por la "Liga Argentina por los Derechos del Hombre" y por la Asociación Civil "Instituto Arturo E. Sampay" con el patrocinio de los abogados Jorge Cholvis, Eduardo Barcesat y Arístides Corti.
Maldonado desapareció el 1 de agosto pasado en la localidad chubutense de Esquel tras participar "de un reclamo en solidaridad con integrantes de la Comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, próximo a la Ruta Nacional 40, que de forma severa y brutal fue reprimida por efectivos de Gendarmería Nacional, conforme protocolo y directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación", se recordó en la denuncia.
Además se remarcó que los gendarmes "invadieron el lugar iniciando una persecución con ribetes de cacería, bajo las consignas de 'fuego', 'disparen', 'cacen a uno'" entre otras.
Los denunciantes reclamaron que se cite a declaración indagatoria y se procese al Presidente, a Garavano, Bullrich, a Peña y a los demás denunciados: el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad nacional Pablo Nocetti, el director nacional de Gendarmería, comandante Gerardo Otero, entre otros comandantes de esa fuerza incluidos en la denuncia.
