El fiscal general Teodoro Nürnberg solicitó ayer al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia que imponga condenas de seis años de prisión a dos ex militares de inteligencia y de cuatro años de prisión para un ex jefe policial de aquella ciudad, a quienes acusó por la privación ilegítima de la libertad de una pareja durante 1978. También solicitó la absolución de un ex auditor del Ejército.
El juicio, que comenzó el lunes, está a cargo del tribunal conformado por Nora Cabrera Monella, Enrique Jorge Guanziroli y Luis Gimenez, este último subrogante (integra, como titular, el TOCF de Tierra del Fuego), quienes darían a conocer el veredicto en la próxima semana.
Los pedidos de seis años de prisión comprenden a Esteban Pompilio Ferrucci y Omar Andrada, jefe y segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 183 del Ejército; mientras que la pena de cuatro años de prisión solicitada por la Fiscalía fue para el ex jefe de la Unidad Regional de la Policía, Guillermo Jones. En tanto, Nürnberg se abstuvo de acusar al ex auditor del Comando de la Brigada de Infantería IX, José Roberto Abba.
La detención ilegal de Groshaus y Levich quedó prolijamente asentada en instrumentos públicos de la Policía y del Ejército, incorporadas como prueba al debate.
Los cuatro habían llegado a juicio acusados por haber participado en la privación ilegal de la libertad del matrimonio compuesto por Chill Groshaus y Alicia Beatriz Levich entre junio y septiembre de 1978. En efecto, la detención de Groshaus se produjo el 1° de junio a las 20.40 y se extendió hasta el 15 de septiembre.
La precisión en el horario y las fechas se debe a que la detención ilegal quedó prolijamente registrada en instrumentos públicos de la Policía provincial y del Ejército, que forman parte de la prueba abordada en el debate. En el juicio oral el tribunal recibió sólo dos declaraciones: el pormenorizado testimonio de Groshaus y el relato de un ex policía que presenció los hechos. Luego pasó a la etapa de alegatos de las partes, que se concretaron ayer.
Nürnberg acusó a Pompilio Ferrucci y Andrada en carácter de coautores de la privación ilegal de la libertad agravada por haber durado más de un mes en perjuicio de Groshaus y por el mismo delito, pero sin el agravamiento, cometido contra Levich. El fiscal, asimismo, consideró que Jones actuó en calidad de partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad agravada de Groshaus.
La singularidad de los hechos que llegaron a juicio tienen que ver con que la detención de Groshaus fue primero ordenada por el juez provincial De Pamphillis, en el marco de una investigación impulsada por el gobierno provincial -intervenido por militares- sobre supuestas operaciones de usura y delitos económicos en distintos puntos de la provincia de Chubut. Para el fiscal Nürnberg, si bien hubo una orden judicial en un comienzo, el procedimiento fue "quirúrgicamente diseñado para determinar si en Comodoro Rivadavia se daba un caso Graiver". Así, hizo alusión a la persecución que sufrió la familia del empresario David Graiver, a quien los militares sindicaron como financista de Montoneros.
A las pocas horas de su detención, el juez De Pamphillis -que había dispuesto su detención en la noche del 31 de mayo- ordenó el arresto domiciliario de Groshaus. El hombre no llegó a su casa porque las autoridades militares de la zona, encabezadas por el imputado en esta causa, Héctor Humberto Gamen (apartado del juicio por razones de salud), entonces jefe de la denominada Subzona 53, dispusieron mantenerlo detenido para investigarlo por "delitos subversivos".
La detención fue efectivizada por el coronel Héctor Antonio Schillagui (fallecido), quien desempeñaba el cargo de jefe de Policía de la provincia. Un documento suscripto por Gamen señala que Groshaus se encontraba "a disposición del Comando Subzona 53 en averiguación de presunta vinculación con la subversión, a través del tráfico con divisas argentinas".
El coronel Héctor Gamen informó en un oficio que las víctimas estaban detenidas "a disposición del Comando Subzona 53 en averiguación de presunta vinculación con la subversión, a través del tráfico con divisas argentinas".
Así, la víctima estuvo privada ilegalmente de la libertad -por disposición militar y con participación de jefes policiales- en las Seccionales Primera y Segunda de aquella ciudad y en el Regimiento de Infantería N°8. En este último lugar fue interrogado por su presunta vinculación con actividades subversivas.
En tanto, entre el 8 de junio de 1978 a las 2.00 y el 26 del mismo mes a las 12.50, Alicia Levich fue detenida por disposición militar en la Seccional Primera. Luego de haber recuperado la libertad por unas horas, el mismo día, a las 19.30, fue detenida y permaneció alojada en la comisaría Segunda hasta el 6 de julio.
La responsabilidad de los acusados en los hechos tiene que ver con su participación directa. Pompilio Ferrucci y Andrada, jefes de la inteligencia militar, llevaron adelante el sumario castrense en el que fueron investigadas las presuntas actividades subversivas de Groshaus y Levich, a punto tal que encabezaron sus interrogatorios; y el jefe de la Unidad Regional, Jones, estaba presente cuando Schillagui dispuso la detencíón del hombre en la Comisaría Primera de Comodoro Rivadavia.
Jones tenía a su cargo todas las comisarías de la ciudad. Finalmente, el militar auditor Abba, que reportaba a la Subzona 53, fue el encargado de archivar el sumario militar. Por esa razón, Nürnberg no mantuvo la acusación en su contra, dado que consideró que no tuvo participación en los hechos, pues llegaron a su conocimiento cuando ya habían cesado los delitos.
Pese a que la detención ilegal de Groshaus culminó el 15 de septiembre de 1978, la víctima recuperó la libertad recién el 1° de febrero de 1979, porque a partir del día en que fue liberado por el comando de la Subzona 53 continuó detenido en el marco de la investigación judicial.
En el final de su alegato y tras pedir pena, el fiscal anticipó que, una vez concluido el juicio, solicitará la extracción de copias de la causa para investigar delitos similares cometidos contra otras dos personas detenidas de forma contemporánea a Groshaus en los procedimientos por "delitos económicos" encabezados por los militares en la provincia en 1978.
