El colectivo explicó que “este sometimiento se basará en la relación del mandatario con la multinacional mafiosa Odebrecht, la contratación de obras como Punta Catalina y su relación con Joao Santana y el financiamiento de sus dos últimas campañas electorales.
La Mancha Verde, además, reiteró su demanda de destitución del procurador Jean Alain Rodríguez, por entender que desde el Ministerio Público actúa a favor de la impunidad en contra de los intereses de la población.
Plantean el reemplazarlo por un profesional independiente que no responda los mandatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ni a la agenda político-electoral del presidente Danilo Medina.
Asimismo, el movimiento considera que la exclusión de legisladores y altos funcionarios del caso de los aviones tucanos, así como la puesta en libertad de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa por el juez Francisco Ortega confirman el control político que desde el Palacio Nacional ejerce Medina sobre la justicia y la debilidad deliberada de los expedientes sometidos por el Ministerio Público.
“La Marcha Verde condena estas acciones, que se suman al convenio de impunidad firmado con la empresa mafiosa Odebrecht, así como el rechazo del gobierno a la demanda ciudadana de conformar una comisión de fiscales independientes para llevar a cabo un proceso judicial capaz de conseguir que vayan a la cárcel todos los responsables de las diferentes modalidades de corrupción implementada por Odebrecht”, indicó el colectivo mediante rueda de prensa realizada este domingo en el Parque Independencia.
Del mismo modo reiteraron su demanda de conformar una comisión especial de fiscales independientes para llevar a cabo todo el proceso judicial relacionado al escándalo Odebrecht y consideraron inminente la expulsión de Odebrecht del país y la cancelación del contrato para la construcción de las plantas eléctricas en Punta Catalina.
“Mancha Verde reitera que seguirá en las calles, organizando impulsando la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio nacional hacia obligar a todas las instituciones del Estado a responder a las demandas populares de recuperar todo el dinero robado por la corrupción y ponerle fin al régimen de corrupción e impunidad que impide el desarrollo integral de la gente”, concluye el comunicado.
