La comitiva del organismo encabezada por su co-presidente, Víctor Mendibil, solicitó nuevamente medidas urgentes para luchar contra la tortura y para revertir la grave crisis del sistema penal, y reclamó avanzar con el proceso de enjuiciamiento contra el fiscal de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, y su inmediato apartamiento del cargo.
De la reunión también participaron el vicepresidente de la CPM, Mauricio Tenembaum, el secretario Roberto Cipriano García, los miembros Víctor De Gennaro, Ernesto Alonso y Yamila Zavala Rodríguez, y la directora general Sandra Raggio.
El reconocimiento del colapso del sistema penal, la lucha contra la tortura, el control judicial de los lugares de encierro y la destitución del fiscal general de Mar del Plata Fernández Garello fueron los principales temas que se abordaron en el encuentro entre los miembros de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el plenario de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (SCJBA).
El copresidente de la CPM, Víctor Mendibil, los integrantes Mauricio Tenembaum, Roberto Cipriano García, Víctor De Gennaro, Ernesto Alonso y Yamila Zavala Rodríguez, y la directora general Sandra Raggio fueron recibidos por la presidente de la corte, Hilda Kogan, y los magistrados Eduardo Pettigiani, Héctor Negri, Eduardo de Lázzari y Luis Genoud.
Durante el encuentro, y como sucede cada año, la CPM presentó las conclusiones del Informe Anual en donde se advirtió una vez más sobre el agravamiento de las condiciones de encierro y el colapso del sistema penal: sobreencarcelamiento, el alto índice de las muertes por cárcel —la mayoría de ellas por desatención de la salud—, la vigencia de la tortura como una práctica sistemática, la “cárcelizacion” de los centros de a detención de jóvenes, la “policialización” de la actividad judicial y el incremento de la violencia policial en el territorio cuya dato más preocupante es el uso letal de la fuerza pública.
Frente a esta crisis del sistema penal, y con el objetivo de lograr cambios estructurales en las políticas de seguridad y penitenciarias, el organismo insistió en la necesidad de bajar los índices de prisionización y trabajar seriamente en el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención, sanción y erradicación de la tortura.
La CPM también reclamó, ante el plenario de la Corte, mejorar las visitas de los jueces a los lugares de detención tal como lo estipula la acordada 3415/08 de la SCJBA, tema que las autoridades de la Corte se comprometieron a trabajar.
La crisis humanitaria del sistema de encierro fue reconocida por la misma Corte y, en ese sentido, ha iniciado un proceso de trabajo con distintos ministerios provinciales, dando cuenta de la gravedad institucional de estas violaciones a los derechos humanos.
Por otra parte, los integrantes de la CPM transmitieron la necesidad de avanzar con el enjuiciamiento y destitución del fiscal general de Mar del Plata, Fabian Fernández Garello, por su participación en delitos de lesa humanidad. Recientemente, el fiscal fue llamado a indagatoria por el secuestro y tortura de militantes comunistas durante la última dictadura militar.
La denuncia penal había sido presentada el año pasado por la CPM con el aporte de documentación del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Allí queda demostrado que, como agente de la DIPPBA, Fernández Garello tuvo participación en este hecho y en otras actividades de inteligencia ilegal.
Tras la reunión, la CPM sostuvo la necesidad de avanzar en la resolución de estos problemas y destacó la importancia de que la Corte reciba el Informe que pretende ser un aporte a la transformación del sistema penal y el cese de las graves situaciones y hechos que se denuncian.
Como señaló en reiteradas oportunidades la CPM, las graves violaciones a los derechos humanos son el resultado de una política criminal que se sustenta en el punitivismo, la mano dura y la persecución de los sectores pobres de la sociedad que intervienen en las cadenas más débiles del delito. Frente a ese escenario hay que encarar reformas estructurales y la justicia tiene que ser parte de esa transformación del sistema penal.
