El próximo 1 de octubre, a las 15:00 hora local, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitirá su veredicto sobre el reclamo boliviano para resolver el centenario diferendo.
Bolivia perdió su litoral cuando en la Guerra del Pacífico (1879-1883), Chile le arrebató 400 kilómetros de costas y otros 120 mil kilómetros cuadrados de terrenos ricos en recursos naturales, entre ellos cobre, litio y salitre.
Después de muchos años de diálogo y esfuerzos infructuosos para lograr una salida marítima, el gobierno del presidente Evo Morales decidió presentar una demanda ante la CIJ -sita en La Haya, Países Bajos-, y dos años más tarde ese tribunal de la ONU se declaró competente para atender la reivindicación.
De los jueces que decidirán sobre el litigio el próximo lunes, 14 ya se pronunciaron a favor de Bolivia cuando en 2015 aceptaron dar curso al litigio.
En esencia, la demanda de La Paz tiene como objetivo obligar a su vecino a negociar de buena fe y con eficiencia un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico.
El argumento se sustenta en que Chile ha quebrantado esta obligación a lo largo de la historia y debe cumplirla.
Las hipótesis sobre el veredicto del máximo tribunal son muchas, pero diversos analistas coinciden en señalar al menos tres posibles escenarios.
Uno es que la CIJ atienda el reclamo boliviano y dictamine la obligación de las partes a iniciar una negociación que permita una solución real y concreta a la demanda.
Otra posible decisión es que el tribunal ordene el inicio de una negociación de buena fe entre las partes, pero sin la obligación de atender la demanda marítima, y la tercera es que rechace el pedido boliviano.
El gobierno de La Paz ya adelantó que respetará el fallo de la CIJ e instó a Chile al diálogo para buscar una solución al centenario conflicto.
'Nuestro compromiso con el derecho internacional es reconocer los acuerdos y compromisos internacionales que un país asume en uso de su soberanía y nosotros reconoceremos plenamente lo que la Corte vaya a decir', dijo el canciller Diego Pary.
En el otro extremo, el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, señaló que su país espera con tranquilidad el dictamen a sabiendas de que 'aquí no hay en juego ni un centímetro cuadrado del territorio'.
Ampuero anunció que, por decisión presidencial, no estará presente el 1 de octubre en la lectura del fallo de la CIJ y que seguirá el proceso desde el palacio de La Moneda, junto al mandatario, Sebastián Piñera.
La delegación chilena estará encabezada por su agente en La Haya, el jurista Claudio Grossman.
Mientras, la comitiva boliviana la presidirá el jefe de Estado Evo Morales y estará integrada, además, por ex presidentes, representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el equipo jurídico nacional e internacional.
Mi deseo es que no haya ni ganadores, ni perdedores en esta demanda, dijo Morales, y añadió que lo importante es que prime el diálogo.
Para el país andino amazónico, el tema marítimo es la más alta prioridad del Estado y del Gobierno. Según diversos estudios, esa nación deja de percibir cada año mil 500 millones de dólares por su situación de mediterraneidad y la reducción del Producto Interno Bruto es de hasta dos por ciento.
Si bien ambos países mantienen vigente el tratado de Paz y Amistad de 1904, según el cual Santiago se comprometió a conceder a Bolivia el derecho al libre tránsito comercial por su territorio hacia los puertos del Pacífico, existen numerosas irregularidades que dificultan un acceso al mar.
Para muchos expertos, el diálogo es la vía para resolver los conflictos entre dos naciones sin vínculos diplomáticos que comparten una frontera de 900 kilómetros y mantienen otros problemas pendientes como el de los manantiales del Silala, los afluentes Caquena y Uchusuma, y el desvío del río Lauca.
Por Carmen Esquivel, Jefa de la redacción Sudamérica de Prensa Latina
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