Esteban Rodríguez Alzueta, abogado e integrante del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) consideró que el pedido de decretar la emergencia en seguridad a nivel nacional y provincial por el término de un año “pone un paréntesis en el estado derecho y libera a las fuerzas policiales de cualquier formalidad”.
En ese sentido, explicó que esta medida “es una manera de descontrolar a las fuerzas de seguridad al momento que tienden a aportarle más facultades discrecionales a policías que casi siempre continúan ensañándose con los mismos sectores sociales”.
A su vez, el director de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes, remarcó que “lo que uno también tiene que tener en cuenta es que el gobierno está sobre actuando la inseguridad. Eso no significa que no haya aumentado el delito penatorio en los último años y que no se le haya agregado violencia, pero lo sobreactuaron porque lo que buscan de alguna manera es desplazar una vez más la cuestión social por la policial”.
De esa forma, Rodríguez Alzueta manifestó que “no podemos perder de vista que la emergencia en seguridad se declare en un contexto devaluatorio, cuando los sectores populares perdieron el 40% de su capacidad adquisitiva en una semana”, y reconoció que en ese marco, “una de las maneras de desplazar el centro de atención y no hablar del impacto que las medidas económicas están teniendo en los sectores populares, es justamente ponernos a hablar en torno a la inseguridad”.
Asimismo, reflexionó que los temas que se abordan en el fenómeno denominado inseguridad “son capaces de producir consensos más o menos súbitos. La muerte de una mujer embarazada en la puerta de un banco tiene justamente eso, no genera divisiones, todos nos vamos a sentir indignados frente a ese hecho”.
“Estas medidas que se están tomando tienden a profundizar la desigualdad y a polarizar la sociedad. En estos contextos conflictivos y extensos es cuando se vuelve sobre la inseguridad para construir una serie de consensos en contextos de división”, aseveró el abogado del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica.
Por otra parte, el autor del libro “Temor y control”, precisó que en este escenario de emergencia en seguridad “determinados sectores sociales que por el sólo hecho de tener determinados rasgos físicos, y comportarse de determinada manera o una forma de vida particular, tienen cada vez más chances de ser objeto de la discrecionalidad policial”, y ejemplificó que el caso de “un joven morocho, que vive en un barrio popular y que viste con ropa deportiva y usa gorrita, es el que tiene todos los números puestos para ser detenido”.
A modo de análisis, el especialista en derechos humanos, reconoció que en la última década, inclusive en la provincia de Buenos Aires, “hubo una decisión política de no judicializar la protesta, si bien tampoco se la descriminalizó, no se buscó transformar los conflictos sociales en litigios judiciales y poner en caja a los militantes sociales a través de la persecución judicial”.
En ese plano, Rodríguez Alzueta, alertó que en un contexto “donde la sociedad se va a ir polarizando cada vez más, porque la Argentina que nos toca no es la de los noventa, ya que en los últimos 10 años hubo una trama política y partidaria mucho más interesante, debemos estar atentos para ver si esta emergencia va a recaer sobre la movilización política y el activismo ciudadano”.
*Por Juan Manuel Suárez, Agepeba
