(25/05/16 - Derechos de Género)-.Una joven tucumana de 27 años fue condenada por haber sufrido un aborto espontáneo y por homicidio. Víctima de una justicia que no respeta derechos, fue penada a ocho años de prisión.
La Sala III de la Cámara Penal negó el cese de prisión preventiva de Belén, privada de su libertad hace dos años y condenada el pasado 19 de Abril a ocho años de cárcel por un aborto espontáneo al que la justicia caratuló como homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía. El pedido fue hecho por la defensora, Soledad Deza, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, y acompañado por agrupaciones, organismos, personas físicas y jurídicas que juntaron más de 600 firmas en pos de su pronta liberación.
Belén llegó al Hospital Avellaneda, de San Miguel de Tucumán, con intensos dolores abdominales. Fue derivada al Servicio Ginecológico donde José Daniel Martín, quien la atendió, diagnosticó que estaba sufriendo un aborto espontáneo. Así lo afirma el informe médico. Belén aseguró en durante todo el proceso judicial ignorar el embarazo.
Marta Monje, jefa de parteras, acompañada por la Guardia Policial de Avellaneda encontró en uno de los baños, se desconoce cuál exactamente, un feto que fue vinculado de inmediato con la paciente. Además de ser incongruentes los testimonios acerca de los horarios y el lugar donde fue hallado, el ADN correspondiente que confirmaría el vínculo mujer-feto no fue realizado. “En el expediente no hay pruebas que la vinculen con la existencia del hecho, de un homicidio agravado por un vínculo, no hay pruebas del vínculo, no hay pruebas de la autoría.” dijo Soledad Deza en comunicación con RadioSur.
Luciana Gramaglio, abogada recibida en Tucumán militante de Mujeres x mujeres (grupo de abogadas feministas y activistas) y parte del equipo de defensa de Belén contó a la Agencia Paco Urondo que “cuando el abogado del Hospital Avellaneda pide que se vaya a hacer un ADN porque estaba en estado de descomposición el feto, sale una nota pidiendo disculpas porque no era el feto de Belén el que tenían ellos, que no sabía qué se había hecho, entonces, no hay un ADN, no hay un feto”. En este contexto, la pregunta que entonces se plantea la defensa es si en realidad existió uno e incluso si fue plantado.
¿Cómo se explica la pérdida de la única evidencia capaz de confirmar el vínculo? ¿Cómo se explica, también, la falta de una prueba de ADN que, como dijo su defensora técnica, Soledad Deza, es por excelencia la forma de confirmar una vinculación genética?
La abogada oficial de Belén, Norma Bulacio, fue desvinculada del caso y remplazada por Soledad Deza por defensa deficitaria después de alegar en repetidas ocasiones que su defendida se encontraba en estado puerperal, “que no podía manejar su voluntad” y que estaba “loca”. Por esto “no era el ADN algo tan esencial, porque de cierto modo la defensora terminó aceptando que ella había sido la que había cometido el delito” dijo Gramaglio.
Existe, según la defensa, un entramado entre la justicia, la policía y el sistema de salud para condenar a las mujeres, fundado y originado en una sociedad patriarcal y machista. “Creo que hay una gran condena moral a quien aborta. No importa si es espontáneo o es provocado. Me parece que en el acto hay una maquinaria simbólica que quiere criminalizar a esa mujer. Porque desde una cosmovisión moral conservadora o fundamentalista las mujeres tenemos un mandato de maternidad como destino” planteó Deza.
Una lucha con antecedentes
No se trata de la primera mujer privada de su libertad (o en proceso juicio) en Argentina y tampoco en Tucumán. En 2012 “María Magdalena”, de 26, fue víctima de violencia institucional cuando, en un contexto similar al de Belén, dos ginecólogas de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes la interrogaron, maltrataron y denunciaron a la policía en sospecha de que la paciente se había practicado un aborto. La actual ministra de Salud, Rossana Chahla, avaló en aquel entonces la práctica de las ginecólogas. Negó la existencia de mala praxis y puso en duda el maltrato que después denunciaría María Magdalena. “Hemos presentado a nuestra Ministra de Salud un pedido de adhesión a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable porque Tucumán es la única que no está adherida en todo el país” dijo Gramaglio.
En enero este programa fue reubicado por decreto a un área ministerial más general y menos especializada en la temática. Depende ahora de la Dirección Nacional de Atención Comunitaria subordinada a su vez a la Subsecretaría de Atención Primaria. Jorge Lemus, nuevo Ministro de Salud a nivel Nacional, insistió en la supuesta estabilidad del programa, amén de los cambios y las críticas hechas por expertos/as.
En Argentina nacen cada año alrededor de 700.000 bebés y se practican entre 400.000 y 600.000 abortos. Más de una centena de esas mujeres pierde la vida a causa de las malas condiciones insalubres y precarias en las que se practican.
En 2012 la Corte Suprema de Justicia falló a favor de que el aborto no punible contemplara también a mujeres embarazadas víctimas de violación. El PRO se mostró impermeable a la discusión acerca del fallo en Capital Federal y la ley fue vetada por Mauricio Macri, entonces Jefe de Gobierno, tanto que Jorge Lemus, Ministro de Salud de CABA durante su gestión, presentó un protocolo de regulación de los abortos no punibles que obstaculizaba el acceso a los mismos, limitaba el tiempo de gestación posible para su práctica y propiciaba la intervención de comités en caso de encontrarse la paciente en riesgo de vida, mientras que la Corte Suprema había explicitado que no debían existir interferencias en las decisiones tomadas entre médico/a-paciente. Por último, dejaba a libre juicio del/la médico/a la decisión de llevar o no adelante la práctica según cada caso, no respetando las normas establecidas por el fallo.
En febrero de este año, el protocolo de aborto no punible que en 2013 perdió vigencia por su carácter restrictivo, volvió al ruedo. Esta vez con Mauricio Macri en la presidencia de la Nación, y Horacio Rodríguez Larreta en la jefatura porteña. No es casual que el equipo se mantenga y Jorge Lemus, después de haber renunciado en 2012 haya sido hoy designado como Ministro de Salud, esta vez a nivel nacional.
Los convenios con el conservador Dr. Abel Albino, creador de la fundación CONIN (Cooperadora de la Nutrición Infantil), firmados por la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, muestran a las claras cuál es la política a la que apunta la nueva gestión. Albino se pronunció públicamente en contra de la homosexualidad o, mejor dicho, contemplándola como un problema provocado, en su mayoría, por una violación dada en el contexto familiar. Además de considerar al aborto como “la peor tragedia del Siglo XX”.
El cierre de Programas de Atención a víctimas de violencia de género, como por ejemplo el Centro Integral para la Mujer platense que dependía del Ministerio de Desarrollo Social local, la modificación del decreto que reglamentaba al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, el vaciamiento de la Dirección General de la Mujer en CABA y el cierre del programa de atención a víctimas de delitos sexuales en la misma ciudad, la presencia del actual Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta en actividades de tipo antiabortista como por ejemplo la de el “Día de los derechos del niño por nacer” o las declaraciones públicas de muchos/as de los/as funcionarios/as que conforman el partido acerca del aborto, dan que pensar acerca de las políticas de Cambiemos en materia de género.
Con respecto a la aparición de actores como Jorge Lemus, Abel Albino o el cierre de programas que apuntaban hacia la incorporación del género como tema de agenda fundamental, Luciana Gramaglio sostuvo: “Es un retroceso para los derechos de la mujer con los que dentro de todo hemos avanzado, ganado y luchado, es un gran retroceso. Estos protocolos van a empujar a las mujeres a la clandestinidad y a la morbilidad. Es peligroso y es alarmante, porque no podemos negar que es una práctica que se realiza.”
*Por Julia Pascolini (APU)
Una condena que se aleja de la justicia
