Un improvisado campamento con varias decenas de integrantes de la iglesia tradicional Mama Tatda, de la etnia Ngabe Buglé, se mantuvo por meses en la ribera del río Tabasará, en el occidente panameño, justo frente al PHBB y muy cerca de los petroglifos considerados sagrados por su cultura.
Uno de los perjudicados por la obra, Manolo Miranda, narró a Prensa Latina que fue testigo de cuando la Policía se llevó a la fuerza a niños, mujeres y hombres que estaban rezando en la iglesia tradicional y destruyó con tractores el improvisado campamento rústico donde se guarecían; los indígenas no ofrecieron resistencia.
El pasado domingo, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que el embalse comenzaría el “llenado temporal entre el 24 de mayo y el 3 de agosto”, para realizar pruebas de todos los elementos que componen la central y su conexión con el Sistema Eléctrico Nacional.
La entidad gubernamental aseguró también que “ha sido debidamente comunicado a las autoridades tradicionales de la comarca Ngabe Bugle, así como a varias comunidades aledañas tales como Cerro Algodón, Llano Culebra, Nuevo Palomar y la Emeregilda, Nancito y Cogle”.
Este proceso -aseguró ASEP- “forma parte de los acuerdos firmados entre la Comisión de Alto Nivel sobre Barro Blanco, la comisión técnica y las autoridades tradicionales de la Comarca en agosto del 2015, en el cual se estableció el camino a seguir para resolver las incompatibilidades que surgieron en la mesa de diálogo”.
Lo anterior fue negado por autoridades y vecinos, incluso los caciques indígenas firmantes del acuerdo con el Gobierno de Panamá para la terminación de la central eléctrica, aseguraron en un manuscrito que “la decisión de ASEP no fue avalada por las autoridades comarcales”, según el documento al que tuvo acceso Prensa Latina.
“Por tanto, rechazamos totalmente la nota publicada por la ASEP”, reiteraron los originarios, quienes hicieron “responsable solo a ellos (ASEP), porque no fue consensuada” la decisión, aseveró la nota.
Ante el rechazo de los indígenas, quienes se manifestaron además, en medios de prensa y redes sociales, la Comisión de Alto Nivel, encabezada por la vicepresidenta del país, Isabel de Saint Malo, emitió anoche un comunicado donde reiteró el “carácter limitado y temporal” de las pruebas, que siguen protocolos de máxima seguridad.
El diálogo multilateral sobre el tema continúa “para solventar algunas incompatibilidades, entre ellas, quién será el operador del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, para lo cual se analizan distintas alternativas que beneficien los intereses del Estado y del pueblo panameño”, señaló.
Además del perjuicio que la inundación podría provocar a comunidades aledañas, en el sitio hay evidencias de cultura precolombina en petroglifos que quedarían bajo las aguas, a pesar de que las leyes panameñas amparan su protección por considerarlos patrimonio del país.
El presidente de la nación, Juan Carlos Varela, reconoció, en agosto pasado, al pueblo indígena la legitimidad de sus reclamos contra el PHBB, pero aseguró no tener la autoridad jurídica para demolerlo.
