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» » Hay pedidos cruzados en relación con las domiciliarias a dos represores de la dictadura

(10/08/16 - Derechos Humanos)-.Mientras la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que agrupa a defensores de acusados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, pidió el juicio político a los jueces de Casación Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani por supuesta violación de las garantías constitucionales de un detenido, organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes de centros clandestinos de detención de la última dictadura militar anunciaron que se movilizarán mañana hasta la Cámara Federal platense para reclamar que no se otorgue el beneficio del arresto domiciliario a Miguel Etchecolatz, condenado a reclusión perpetua por genocidio y delitos de lesa humanidad.

Los abogados Alberto Solanet, Carlos Bosch y Ricardo Saint Jean formularon el pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura, acusando a los citados jueces Borinsky y Geminiani por “incumplimiento de las disposiciones que obligan a la protección de los detenidos y prohíben su castigo y mortificación”.

En el texto de la denuncia, los abogados reclaman que “se someta a juicio político y se destituya” a Borinsky y Gemignani “por mal desempeño en sus funciones” y “grave desconocimiento del Derecho, en especial por el desprecio a los derechos humanos de las personas mayores”. 

El planteo recordó que el 13 de junio pasado, ambos jueces rechazaron el tercer pedido de prisión domiciliaria de Roberto Obdulio Godoy, de 78 años, detenido en el penal de Marcos Paz, acusado por su presunta actuación en el centro clandestino de detención “Sheraton”, donde estuvo cautivo y luego desapareció, entre otros, Héctor Oesterheld, el autor de “El Eternauta”. Godoy lleva casi tres años en prisión preventiva, y ya pidió en dos oportunidades la prisión domiciliaria por razones de salud, solicitud que le fue denegada.

Pero, ante la vigencia de un régimen de detención domiciliaria vigilada impuesta por el Ministerio de Justicia a través de la colocación de la pulsera electrónica, sus defensores hicieron un tercer pedido de prisión domiciliaria porque, explicaron, “hacía desaparecer el peligro de fuga, que podría invocarse para denegar el beneficio”, lo que también les fue denegado por ambos jueces.

La denegación del pedido se basó en que “los informes médicos no advierten un deterioro en la salud del detenido y que a su mujer la pueden atender los dos hijos mayores del matrimonio”.

El pedido de juicio político sostiene que existe una “mortificación innecesaria a un anciano preso, manteniéndoselo en prisión penitenciaria exigiendo requisitos inexistentes en la ley colocándolo en situación de riesgo y abandono”. Los dos jueces denunciados le niegan el beneficio, exigiendo un requisito que la ley no peticiona: que además de su edad, presente problemas de salud o síntomas de deterioro físico o psíquico”, sostiene la denuncia.

Pedido de que no se mande a su casa a Etchecolatz
Organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes de centros clandestinos de detención de la última dictadura se movilizarán mañana hasta la Cámara Federal de La Plata para reclamar que no se le otorgue el beneficio del arresto domiciliario al represor Miguel Etchecolatz, condenado a reclusión perpetua por genocidio y delitos de lesa humanidad. 

De acuerdo con lo anunciado, los organismos, sobrevivientes, familiares de víctimas y querellantes se concentrarán mañana a partir de las 9.30, en las escalinatas de la Cámara Federal, ubicada en las calles 8 y 50 de La Plata, para reclamar "la no concesión" de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz.

"A casi diez años de la desaparición de Jorge Julio López no podemos permitir más impunidad", expresaron las organizaciones de derechos humanos en alusión al albañil que desapareció en septiembre de 2006, tras testificar en el juicio que finalmente condenó a perpetua a Etchecolatz.

A fines de julio último, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, con votos de los subrogantes Germán Castelli y Jorge Michelle, concedió a Etchecolatz el arresto domiciliario en base a los 87 años que tiene el hombre, la hipertensión que padece y el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. 

Sin embargo, la medida no se efectivizó y Etchecolatz sigue alojado en el Hospital Penitenciario de Ezeiza por estar también bajo prisión preventiva a disposición de otros jueces en otros expedientes, consignaron fuentes tribunalicias. En este marco, voceros de las organizaciones de derechos humanos consignaron que mañana podría resolverse si los jueces de las otras causas avalan el otorgamiento del arresto domiciliario.

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