"Entendemos que es la entrega inicial de un proceso más amplio que, según el Departamento de Estado, concluiría en el 2017", dijo esta tarde la coordinadora del Equipo Memoria Verdad y Justicia del CELS, Luz Palmas Zaldúa, tras una primera lectura de la información desclasificada contenida en 1078 páginas entregadas ayer.
Palmas Zaldúa destacó que no hay informes de la CIA, ni de otras agencias de inteligencia, y que toda corresponde a la administración Carter, sin que la haya de las administraciones Ford y Reagan que precedieron y continuaron a aquella.
Gran parte de la documentación entregada, además, tiene sellos que indican que fue desclasificada entre 2008 y 2013 y el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj reparó en que también hay anotaciones que señalan que el material entregado fue "limpiado" por el Departamento de Estado, es decir, expurgado.
Esta primera tanda de documentación "corresponde prácticamente en su totalidad a la administración (del presidente James) Carter", que gobernó en 1977-81 y a 14 agencias y departamentos, entre las que no están la CIA ni la agencia de inteligencia militar, explicó Palmas Zaldúa.
Incluye informes diplomáticos, de agencias de seguridad, correspondencia presidencial y textos provenientes de archivos de miembros de la Casa Blanca, entre otros documentos.
"Es importante la información que arroja y que acumula en el mismo sentido de lo ya conocido hasta ahora, en especial de la acreditada en causas por crímenes de lesa humanidad, pero necesitamos que las siguientes entregas se orienten a agencias que hayan producido informa de inteligencia", insistió Palmas Zaldúa.
Además, la desclasificación deberá extenderse también a documentación producida durante las presidencias de Gerald Ford (1974-77), Ronald Reagan (1981-89) y George H. W. Bush (1989-93), según se informó.
La representante del CELS subrayó que, así como "necesitamos que se aceleren los tiempos de la Justicia (argentina), porque víctimas e imputados fallecen" antes de que lleguen a sentencia muchos causas por delitos de lesa humanidad, "también esta desclasificación debe hacerse con mayor celeridad".
La desclasificación y divulgación de estos documentos había sido anunciada por el presidente estadounidense Barack Obama durante su visita de este año a la Argentina, en el 40 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y una copia del millar de fojas conocido ayer había sido entregada el jueves último al presidente Mauricio Macri por el secretario de Estado norteamericano, John Kerry.
"Antes de la visita de Obama, los organismos de derechos humanos, en reuniones con Macri y antes con (el jefe de gabinete Marcos) Peña, pedimos al gobierno argentino que tomara una posición activa en solicitar a Estados Unidos la declasificación de sus archivos" sobre la dictadura argentina, recordó Palmas Zaldúa.
El mismo requerimiento habían formulado en marzo de este año los organismos a la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, con copia a la canciller Susana Malcorra, añadió.
"En el pedido que hicimos en marzo dijimos que necesitábamos documentos que estaban faltando desde las desclasificaciones de 2002, en especial la producida por agencias de inteligencia de las fuerzas militares, de seguridad y fundamentalmente por la CIA y la inteligencia de la Defensa", detalló.
Palmas Zaldua citó al respecto el caso de los llamados "reportes diarios al presidente", que eran producto de las agencias de inteligencia, entre ellas la CIA, sobre seguridad nacional y global.
De una primera revisión de la documentación entregada ayer a organismos de derechos humanos y periodistas surge que parte de la misma había sido desclasificada entre 2008 y 2013, como se hace constar en el extremo superior de los mismos.
En el juicio que en mayo de este año condenó en la Argentina a represores del Plan Cóndor parte de la prueba reunida provino precisamente de documentos desclasificados por el Departamento de Estado sobre Chile y Argentina, recordó Palma Zaldúa, y señaló que ese aporte fue "sumamente importante".
Entre los documentos conocidos esta semana, mencionó algunas de las llamadas “notas de tarde”, originadas en informantes y destinadas al Consejo de Seguridad Nacional, una de las cuales relata un seminario del 25 de agosto de 1978 en el que el ex dictador Alejandro Lanusse (1971-73) desalentaba denuncias de funcionarios del gobierno de Carter por violaciones a los derechos humanos en la Argentina y pedía "comprensión".
Entre los presidentes de Estados Unidos de la época, Ford dio apoyo al golpe de estado del 24 de marzo de 1976 en la Argentina, la administración Carter formuló críticas a las violaciones a los derechos humanos a través de algunos de sus funcionarios y Bush padre asoció a la dictadura y a represores argentinos en operaciones como la "contra" que hizo la guerra a la revolución sandinista en Nicaragua.
En este marco, otro de los documentos desclasificados por Estados Unidos y conocidos esta semana informaba sobre la gran participación de la dictadura argentina en el golpe de Estado que impuso en Bolivia un régimen similar, encabezado por Luis García Meza (1980-81), al que dio fuerte apoyo militar y financiero.
Estela de Carlotto
Por su parte Estela Barnes de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, abogó para que los archivos desclasificados "traiga luz y arroje datos concretos" sobre el destino de los nietos secuestrados durante la última dictadura cívico militar.
Las Abuelas de Plaza de Mayo, que ayer recibieron una copia de la documentación, comenzarán a analizarla con la esperanza de hallar información que conduzca al esclarecimiento de los casos de apropiación de niños durante la dictadura.
"No hay que ilusionarse mucho", advirtió Carlotto, aunque destacó el "gesto" de abrir los archivos secretos, luego de la promesa que realizara el presidente Barack Obama durante su visita a la Argentina en marzo pasado.
La información se suma a los archivos ya desclasificados en 2002 por Estados Unidos y a los facilitados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en mayo de este año.
Ayer, en conferencia de prensa, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, aclaró que "confirma mucho de lo que se ha dicho en juicios y testimonios pero es una posición oficial de los Estados Unidos" y advirtió que el documento concluye con un escrito que dice que "el informe fue 'limpiado' (cleaning) por el Secretario de Estado de los Estados Unidos", ante lo cual planteó la necesidad de "saber qué parte fue limpiada".
