El organismo provincial señaló que, de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales, el Estado tiene la obligación de sostener las políticas públicas que garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Trece mil doscientos chicos y chicas de todo el partido de Pueyrredón sin talleres, 200 espacios barriales y una decena de programas socioculturales y educativos, que significaban un derecho ya consagrado en los barrios populares, han sido desmantelados. Algunas de estas políticas públicas que garantizaban los derechos de la niñez, y generaban un entramado social de inclusión y solidaridad, tenían más de diez años con un importante desarrollo territorial y humano.
Ante esta grave afectación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) participa como amicus curiae en el amparo presentado por el Consejo de la Niñez de Mar del Plata ante el juzgado Civil y Comercial Nº 9, a cargo de la doctora Patricia Ginsberg. En el escrito remitido a la Justicia, la CPM afirma que “los derechos de la niñez no pueden ser una opción porque son una obligación. El Estado debe ser representante y garante de los derechos y gestionar políticas integrales que protejan a la niñez”.
La presentación de la CPM fue admitida por la jueza Ginsberg antes de realizarse esta semana una nueva audiencia entre los integrantes del Consejo y las autoridades municipales. “Para nosotros, la presencia de la Comisión es un apoyo fundamental y es importante tener su palabra en el expediente por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos”, señaló María de los Ángeles Lorenzo, coordinadora del Consejo de la Niñez.
Tras la audiencia, las partes se comprometieron a continuar con las reuniones para acercar nuevas ideas que permitan, efectivamente, la restitución de los programas y la jueza Ginsberg estableció una nueva audiencia para el 13 de septiembre. “Nosotros entendimos que el encuentro fue satisfactorio; sin embargo, y para nuestra sorpresa, luego de la reunión, el Municipio expuso en un comunicado que el amparo sería finalmente desestimado o rechazado. No creemos que ese haya sido el espíritu de la reunión, nosotros tenemos la voluntad de seguir conversando porque entendemos que la solución es política y tenemos esperanza en que pueda resolver por esa vía”, expuso Lorenzo.
Desde el 10 de diciembre, la nueva gestión municipal redujo o, directamente, suspendió una gran parte de los programas sociales que se realizaban desde las áreas de educación y cultura del Municipio. El último relevamiento sobre el funcionamiento del Programa Educativo Barrial (PEBA), realizado por el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, basta como ejemplo: en 2015 el programa se desarrollaba en 409 sedes, este año hay 218 espacios —es decir 191 menos con respecto al año anterior, casi el 50%— y el PEBA dejó de estar presente en, por lo menos, 19 barrios a los que antes llegaba.
En el marco del amparo, presentado por el Consejo en abril ante la falta de respuesta política, la jueza Patricia Ginsberg había convocado al intendente, Carlos Arroyo, y las secretarias de Cultura, Silvina Rojas, y Educación, Ana María Crovetto, a una audiencia conciliatoria. Aunque la audiencia se realizó sin la presencia de Arroyo, se generaron nuevos canales de comunicación para trabajar conjuntamente en la resolución de este problema.
“En estas reuniones, el ejecutivo se comprometió a cubrir mil horas del PEBA, de las 1800 que se venían realizando en años anteriores. De alguna manera, eso fue un avance en materia de educación, pero desde el área de cultura no se presentó ninguna propuesta para mejorar la situación”, comenta Mariana Cuesta, integrante del Consejo de la Niñez. “Sólo quedan ocho capacitadores culturales, cuando hasta el año pasado había cerca de 80 y, lamentablemente, los lugares se concentran estas actividades no acceden los sectores más vulnerables”, precisa María de los Ángeles Lorenzo, coordinadora del Consejo.
Más allá de los avances que se lograron hasta el momento, Lorenzo remarca la necesidad de lograr la plena restitución de estos programas: “Necesitamos que el Estado vuelva a estar presente en todos los barrios, porque esos talleres generan un espacio de encuentro que no sólo genera una red cultural sino que reconstruye lazos de solidaridad articulaciones con otras instituciones para la promoción y defensa de los derechos humanos”, explica Lorenzo.
En ese sentido, la Comisión Provincial por la Memoria sostuvo en su presentación que “si se han diseñado e implementado políticas públicas acordes a los intereses y necesidades de los niños y niñas, las mismas no pueden ser suprimidas, ya que hacerlo sería contrario a sus intereses, y se estaría conculcando el principio del interés superior del niño. En igual sentido se viola el principio de progresividad de los derechos humanos”.
Recuperando la extensa legislación en materia de los derechos del niño, tanto a nivel nacional como internacional, la presentación de la CPM concluye que el Estado tiene la obligación de garantizar a las niñas, niños y adolescentes una vida digna, y esto incluye el pleno acceso a la educación, la cultura y la recreación. Esta responsabilidad requiere la promoción de políticas públicas activas que permitan el ejercicio efectivo de estos derechos, especialmente, en aquellos sectores más vulnerables de la sociedad.
