El juez federal 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, procesó a Dib como presunto autor de 27 homicidios, 24 secuestros, asociación ilícita, tormentos, apremios ilegales y como partícipe necesario de la sustracción de un menor de 10 años y la supresión de su identidad. A la vez, la Justicia trabó embargo sobre sus bienes por 4,5 millones de pesos.
Dib ya fue condenado por el TOF 5 de Buenos Aires a 7 años y 6 meses de prisión por ser autor del delito de retención y ocultamiento del bebé Pablo Germán Athanasiu Laschan, y la supresión de su identidad.
Pablo Germán era el hijo de Ángel Athanasiu y Frida Laschan, una pareja de militantes chilenos pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) secuestrados y desaparecidos en Argentina.
Conoció su verdadera identidad en agosto de 2013, al convertirse en el nieto número 109 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, y se quitó la vida en abril del año pasado en su departamento de la Ciudad de Buenos Aires.
El procesamiento de Dib se produjo como desprendimiento de una causa ya elevada a juicio en la que se ventilan los detalles de los secuestros y asesinatos de 27 militantes rosarinos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
En la parte elevada a juicio en octubre del año pasado hay cinco imputados, cuatro ex policías federales y un ex agente de Inteligencia del Batallón 121 de Rosario, pero las audiencias no tienen aún fecha de inicio, señalaron fuentes judiciales.
Ahora el juez Bailaque consideró que Dib, en calidad de jefe de la PFA en Rosario, fue quien organizó los operativos conjuntos con el Ejército y proveyó los medios a sus subordinados para que secuestraran, torturaran y mataran.
“Los autores inmediatos no hubieran podido ejecutar los delitos ordenados si no se los hubiera conducido a ello y, a su vez, por orden de Dib –como máxima autoridad de la Policía Federal en esta ciudad- se les hubieran otorgado los medios necesarios”, señala el auto de procesamiento.
“En el caso de Juan Dib –agrega-, no sólo intentó asegurar la impunidad de sus subordinados, sino que también promovió los medios para que los mismos sean premiados y/o ascendidos por los hechos ilícitos que cometieron”.
En esa línea, el fallo sostiene que “las órdenes impartidas prescribieron la realización de secuestros, la aplicación de tormentos y la eliminación física de una vasta cantidad de personas definidas vagamente en base a la genérica categoría de ‘subversivos’”.
Salvo en dos casos, ocurridos en septiembre y octubre de 1976, los otros 25 secuestros y homicidios ocurrieron en la primera quincena de agosto de ese año, y sus víctimas eran militantes de la misma agrupación política.
