El anuncio se da al asegurar un “rechazo total a las modificaciones que varias cámaras agroindustriales pretenden introducir al texto que se discutirá este 25 de agosto”.
En este sentido, las organizaciones además hicieron un llamado a la sociedad civil para movilizarse ese día hacia la Asamblea Legislativa, como una forma de presión a los diputados para que aprueben el texto.
Las organizaciones no aclararon si propondrían el texto original que fue alterado en la Asamblea Legislativa, tras negociaciones de diputados, empresarios, ecologistas y Poder Ejécutivo. El texto actual elimina el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara).
“Estamos seguros de que contamos con el apoyo de toda la ciudadanía por tratarse este de un tema ambiental, de gran sensibilidad y vinculado con el derecho a la salud y a la vida; y que, de irnos a referéndum, la ‘Ley de Aguas’ será una victoria, al igual que lo fue en la lucha contra Crucitas, Ston Forestal, y muchas otras. El texto que enviaríamos a referéndum será un texto fortalecido, para profundizar aún más los mecanismos de gestión popular del agua”, informó Heidy Murillo, representante de la Alianza de Redes Ambientales (ARA).
Entre las modificaciones de las cámaras agroindustriales, se pretende incluir al Ministerio de Agricultura (MAG) como rector del recurso hídrico y proponen eliminar los Consejos de Unidad Hidrológica, que es un mecanismo de participación de diversos sectores que viene propuesta en la ley.
Otro de los puntos importantes que genera rechazo, de acuerdo con Eva Carazo, de la Alianza Nacional en Defensa del Agua (ANDA), es la propuesta de debilitamiento de la Ley Forestal en cuanto a sanciones y delimitación de las áreas de protección, lo cual constituye una regresión ambiental inaceptable.
Además de los 16 puntos de fondo, propuestos como modificaciones, las cámaras agroindustriales solicitan una gran cantidad de cambios “menores”, lo que en la práctica constituye un texto sustitutivo que desvirtuaría completamente el propuesto por iniciativa popular y lo hace inconexo.
“Estos cambios, que rechazamos hoy formal y vehementemente, solo favorecen a un pequeño sector que ha venido aprovechando las regulaciones laxas para hacer usos lucrativos del agua, e incluso para contaminarla impunemente. De introducirse, extenderían los problemas que las comunidades rurales y urbanas, las familias campesinas y la mayoría de la población enfrentan ya en relación con el agua y en resumen, estos 16 puntos pretenden, nada más, seguir impidiendo la modernización de la Ley”, comentó Xinia Briceño, presidenta de la ASADA de Milano, comunidad afectada por contaminación de agua con el agroquímico bromacil.
“Tenemos evidencia contundente de que fenómenos como la contaminación de muchas fuentes con agrotóxicos o los conflictos en comunidades que no tienen acceso al agua, son responsabilidad directa de quienes esperan frenar el texto”, continuó Jorge Mora Portuguéz, representante de la Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA). “Los pequeños agricultores cuidamos el agua y la necesitamos para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. Por eso estamos exigiendo la aprobación de esta ley”, agregó José Oviedo, coordinador del Consejo Nacional Agroalimentario.
Texto original. El texto, mejor conocido como la “Ley de Aguas”, contó con el apoyo de más de 170.000 costarricenses para ser introducido a la corriente legislativa por iniciativa popular y busca, a grandes rasgos, mitigar el problema de la baja gobernabilidad del recurso hídrico, por medio de una institucionalidad más eficiente y con competencias complementarias.
“Es una Ley que responde a la crisis actual del agua en nuestro país y fortalece los mecanismos de gestión del bien para tenerlo en la cantidad y calidad que todos merecemos, como un bien de dominio público y un derecho humano. El plazo de la iniciativa popular ya venció y por ello, además de por respeto a todas las personas que ya manifestaron apoyar la ‘Ley de Aguas’ es que urgimos a los señores diputados su votación”, agregó Carazo.
Diversas organizaciones y movimientos sociales y ambientales han determinado que existen problemas con el recurso hídrico a nivel nacional, enumeran, por ejemplo, las sequías en los ríos, la pérdida de cultivos en Guanacaste, la contaminación de fuentes subterráneas con agrotóxicos en la Zona Norte y el Caribe, el racionamiento cotidiano y creciente en el Gran Área Metropolitana, el enjambre de hidroeléctricas y proyectos extractivos que impiden garantizar el consumo humano de agua en la Zona Sur y otras regiones del país.
