El gobierno británico anunció que pondrá fin al programa de recepción de refugiados menores de edad no acompañados porque "alienta" a los padres a enviar solos a sus hijos y porque el Reino Unido no cuenta con la capacidad necesaria para alojarlos.
En un discruso ante el Parlamento, Rudd argumentó que el programa podría incentivar a los padres a enviar a sus hijos solos a hacer un peligroso viaje por Europa, lo cual "alienta a los traficantes de personas", informó la agencia de noticias alemana DPA.
El anuncio causó una fuerte indignación entre opositores y grupos de la sociedad civil.
La diputada laborista Diane Abbott criticó al gobierno por abandonar a su suerte a miles de niños, que deben enfrentar enfermedades, trata de personas y pobreza, mientras que el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, calificó de "lamentable" la decisión del gobierno.
Bajo el ex primer ministro David Cameron, el gobierno británico había decidido el año pasado dejar ingresar al país a 3.000 niños sin la compañía de adultos. Hasta el momento, se han recibido 200 menores refugiados y seguirán otros 150 antes de poner fin al programa, según datos del gobierno.
Por su parte, la primera ministra británica, Theresa May, afirmó en una rueda de prensa conjunta en Londres con el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, que la estrategia de su gobierno respecto a la acogida de refugiados es "absolutamente correcta".
May aseguró que ya han recibido a "bastantes familias con hijos" y subrayó que el Reino Unido también colaboró con apoyo financiero y ayuda humanitaria a los refugiados sirios.
La llegada masiva a Europa de refugiados procedentes de Medio Oriente y África desató, a mediados de 2015, una crisis en la Unión Europea (UE).
Los países costeros como Italia y Grecia, que fueron los primeros en recibir a los refugiados e inmigrantes, propusieron un sistema de repartos por cuotas y diferentes programas para poder asumir en bloque la carga que representó la llegada más de 1,5 millones de personas desde principios de 2015 hasta la fecha.
Sin embargo, algunos gobiernos o líderes políticos rechazaron el reparto por cuotas y comenzaron a levantar muros o cerrar las fronteras agitando el fantasma del "terrorismo".
La canciller alemana, Angela Merkel, abrió temporalmente las fronteras y permitió el ingreso de unas 800.000 personas hasta cubrir las necesidades de mano de obra barata y calificada que reclamaba la industria pesada.
Según cifras de la Oficina Federal para las Migraciones y los Refugiados alemana, a fines de 2016 vivían en Alemania 207.484 personas cuyas solicitudes de asilo fueron rechazadas, cifra que podría elevarse hasta las 485.000 a finales de año, dado el volumen de procesos todavía pendientes.
Hoy, Merkel acordó con los primeros ministros de los estados federados un plan para agilizar la deportación de los extranjeros sin derecho a asilo.
En rueda de prensa tras una reunión en la Cancillería, Merkel aseguró que los procesos se llevarán a cabo con todas las garantías judiciales, pero subrayó la necesidad de mejorar con urgencia la ejecución de las órdenes de expulsión para evitar un efecto llamada y mejorar la seguridad.
En ese sentido, recordó el atentado registrado en Berlín en diciembre con 12 muertos.
El responsable de ese ataque terrorista, Anis Amri, había usado hasta catorce identidades en Alemania y, aunque hacía meses que su pedido de asilo había sido rechazada, no había sido expulsado porque faltaba la documentación de su país de origen, Túnez.
El plan acordado con los estados federados incluye, por ejemplo, la posibilidad de que los funcionarios accedan a la memoria de los teléfonos celulares de los solicitantes de asilo como vía para identificarlos cuando no presentan papeles o haya dudas.
"Asumimos este reto con el espíritu de que queremos ayudar a la gente que necesita protección, por lo que el resto debe abandonar el país", recalcó la canciller, citada por la agencia de noticias EFE.
Los responsables políticos acordaron que, cuando sea posible, las deportaciones se realicen directamente desde los centros de primera acogida en los que son alojados los solicitantes de asilo, al considerar que los procesos son más problemáticos una vez que se integran en los municipios.
"La mayoría sabe que no tiene derecho a ninguna protección cuando llega aquí y debe saber que nos tomamos en serio que tienen que irse", señaló el primer ministro de Mecklenburgo-Antepomerania, el socialdemócrata Erwin Sellering.
