"Estamos en un momento de judicialización máxima de la política, que no tiene precedentes, ya que es la primera vez que se persigue penalmente el debate de las ideas", denunció la ex activista independentista que preside la cámara regional de Cataluña, a quien la justicia investiga por haber permitido el debate y votación de una resolución que avaló el proceso de ruptura con España.
Su caso todavía está en fase de instrucción, pero el lunes el ex presidente catalán Artur Mas y otras dos ex dirigentes se sentarán en el banquillo de los acusados por haber organizado y celebrado la consulta simbólica sobre la independencia de Cataluña que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2014.
Dos años después de aquel hecho que supuso todo un desafío para el Ejecutivo español de Mariano Rajoy, el gobierno catalán redobló la apuesta y planea celebrar un referéndum unilateral en septiembre de este año, con lo que se dirige de forma acelerada hacia un choque con Madrid.
La defensa de Mas -y la de todos los dirigentes políticos que afrontan procesos judiciales vinculados con el proceso de secesión, como es el caso de Forcadell- se basa fundamentalmente en una idea: "la voluntad democrática está por encima de las leyes".
El 27 de septiembre de 2015 los catalanes votaron en elecciones regionales que fueron planteadas como un plebiscito sobre la secesión y dieron mayoría a los partidos independentistas.
Hizo falta un acuerdo entre la coalición independentista vencedora y un grupo anticapitalista para que Carles Puigdemont asumiera como presidente y pudiera comenzar a desplegar el plan de secesión.
Desde entonces, el parlamento catalán, presidido por Forcadell, fue un instrumento clave, puesto que se encargó de aprobar las resoluciones con las que se pretende dotar a la norteña región de España con leyes e instituciones propias de un estado independiente.
La respuesta inmediata del Ejecutivo español fue impugnar cada una de las resoluciones surgidas del parlamento catalán ante al Tribunal Constitucional (TC), por considerar que excedían las competencias regionales o buscaban subvertir el marco legal vigente.
"En vez de buscar una solución política, el poder Ejecutivo español utiliza el judicial para coartar la libertad de expresión del poder legislativo de Cataluña", sostiene la diputada catalana, que recibió a Télam y otros medios internacionales en el Parlamento catalán.
Forcadell advierte que lo que está pasando en Cataluña es "muy grave", porque "antes lo que hacía el gobierno era reclamar la suspensión de una ley una vez aprobada y ahora directamente se quiere evitar el debate".
"Se prohíbe que se hable del referéndum y quieren que el propio Parlamento se convierta en órgano de censura y decida sobre lo que se puede hablar y lo que no", ahonda.
La ex presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la plataforma responsable de las multitudinarias manifestaciones independentistas que tuvieren lugar en Cataluña en los últimos cinco años, recuerda que está siendo investigada "por permitir un debate y una votación en el parlamento sobre una cuestión que interesa a la ciudadanía, como la independencia".
"¿En un parlamento se puede hablar de todo o hay cosas que no se pueden hablar? Estamos hablando de la esencia de la democracia y no de independencia", insiste.
Concretamente, a Forcadell se la considera responsable de la aprobación el 27 de julio del año pasado de informe de la "comisión del proceso constituyente" que abría la puerta a un referéndum unilateral para romper con España. Previamente, el TC había advertido al parlamento regional que no tenía competencias para tomar medidas que afecten a la soberanía nacional.
No obstante, Forcadell afirma que ella "no desobedeció" al Constitucional sino que cumplió con su función y "permitió que los diputados catalanes ejercieran sus derechos".
